La condena de Paolo Pravisani por varios delitos, incluidos el estímulo a la prostitución y acto sexual con menor, ha sido calificada como “histórica” por el abogado de las víctimas, Freddy Del Toro, quien dijo que la condena del italiano podría ser hasta de 17 años. Pravisani, quien había estado internado en una clínica y tratado con antidepresivos y antipsicóticos, montó en cólera al ver a la prensa cuando lo embarcaban en el vehículo que lo llevaría a la Cárcel de Ternera. Allí gritó improperios y amenazó con hacer que no volviera ningún italiano a Cartagena. Falta ver si será igual de “valiente” dentro del penal, cuando los demás reclusos sepan por qué ingresó…; Sabemos que la mayoría de los italianos son gente buena, seria y correcta, pero no estaría mal que no volvieran a Cartagena no sólo los italianos que están interesados en las drogas y el turismo sexual con menores y mayores, sino que no viniera tampoco ningún otro extranjero con ese mismo propósito. La miseria de buena parte de los habitantes de Cartagena hace presa fácil a los niños de los pedófilos y depravados sexuales, nativos y extranjeros, con el agravante de que en muchos casos son los propios padres de las víctimas quienes las ofrecen para esa práctica imperdonable, y que creemos que debería tener la pena de cadena perpetua. Aunque es una aberración que los padres de familia ayuden a prostituir a sus hijos, sea cual fuere el motivo, especialmente sin importarles que sean apenas unos niños, es un crimen igual o peor que participen otras personas en esta cadena de la infamia a sabiendas del daño irreparable e inhumano que ayudan a causar, sólo por ganar dinero. En el caso de Pravisani, también fueron condenadas otras dos personas por ayudar al infractor en algunas de sus actividades punibles por ley. Los organismos de investigación deberían ocuparse de descubrir a los promotores de la prostitución infantil de una manera mucho más agresiva. Si cualquier transeúnte puede hacer que le ofrezcan niños para actividades sexuales, aun sin saber hablar bien el español, no debería ser tan difícil investigar las redes de depravados que se dedican a este tráfico infame de niños inocentes e inermes. Como el sector turístico organizado y formal conoce bien las consecuencias del turismo sexual en cualquier destino, ya que además de las sanciones internacionales de las que podría ser objeto, también podría ser boicoteado, debería participar en su erradicación con mucho más entusiasmo, denunciando sistemáticamente todos los hechos que conozcan. Las distintas autoridades deberían tener una especie de fuerza de tarea conjunta dedicada exclusivamente a descubrir y llevar ante los jueces a quienes promueven el turismo sexual, especialmente con menores. Por lo pronto, la condena de Pravisani debería servirles de advertencia a los bandidos que –enquistados en una actividad en la que predomina la gente buena, como es el turismo-, se agazapan para traficar con niños en hoteles, restaurantes, bares, playas, discotecas y transporte público.
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