Casi todas las legislaciones antimonopolio, especialmente en Estados Unidos y Europa paradigmas del libre mercado, pretenden impedir el abuso de su posición dominante por empresas que concentren su poder económico para entorpecer la libre competencia, lo que afecta a los consumidores.
En Colombia, aunque hay leyes para impedir las prácticas monopólicas, la última vez que se supo sobre un proceso basado en esta legislación fue en 2007, cuando la filial de Heineken en el país acusó a Bavaria de presionar a los distribuidores, bares y restaurantes, para que no vendieran la cerveza holandesa, so pena de no suministrarles Peroni, que distribuía aquí Bavaria, una empresa que controlaba entonces el 99% del mercado colombiano.
En el negocio colombiano de la telefonía celular ocurre un fenómeno curioso, pues hay más de 47 millones de abonados a planes de voz, lo que equivale a 104 celulares por cada 100 habitantes, servicios que son prestados por ocho compañías, lo que haría pensar que hay una competencia dinámica que se traduce en tarifas económicas y servicio óptimo.
Pero no es así, porque Colombia es uno de los países que tiene más concentración en telefonía móvil y sus tarifas estaban incrementándose tan aceleradamente que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC) ha intervenido al menos dos veces para frenar ese aumento, la última de las cuales fue en abril de este año cuando limitó el costo del minuto para llamar de fijo a celular o entre distintos operadores.
Sin embargo, según el Little Data Book on Information and Communication Technology, que publica el Banco Mundial, a junio de 2012, las tarifas promedio de telefonía celular en Colombia eran 15% más altas que el promedio de América Latina y 17% más altas que el promedio mundial.
De las 8 compañías operadoras, 3 tienen más del 90 por ciento del mercado, y también lideran el mercado de internet móvil, que sin embargo tiene una penetración mucho menor en el país, de apenas el 11,2%, lo que abre enormes oportunidades a quienes participen en la subasta del espectro electromagnético, que busca introducir la tecnología 4G y mejorar el servicio de voz en el país.
El gran dilema es si se permite o no la participación de Claro, que domina el mercado de la telefonía móvil y que de resultar beneficiada con una concesión en 4G concentraría los dos grandes servicios de comunicaciones móviles, con un mayor ancho de banda, y según algunos parlamentarios, provocaría la falta de competencia y la consecuente reducción en la inversión de infraestructura tecnológica y de problemas en la cobertura, de servicio y de precios.
Si en el esquema actual, que no es tan equilibrado que digamos, hay un creciente aumento en las quejas de los usuarios de telefonía celular por los malos servicios, según la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cómo sería si una empresa pudiera obtener la posición dominante y someter a los consumidores a una dictadura de tarifas y servicios? Ojalá que el Gobierno actúe en defensa de la ciudadanía y no de los monopolios.
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