Editorial


Todos estamos en peligro

El crecimiento desmedido de las acciones delictivas y del crimen en las principales ciudades del país, entre ellas Cartagena, se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, desplazando incluso las urgencias de comida y techo. Esa preocupación multiplica las reflexiones, enfoques y propuestas, que hasta ahora no se traducen en acciones de mayor contundencia, en remedios verdaderamente eficaces. La creación de un grupo interinstitucional, para garantizar que la captura y judicialización de los criminales se cumpla como lo ordena el sistema penal acusatorio, es un primer paso en la dirección correcta, pues ayudará a contrarrestar una de las estrategias empleadas por la delincuencia para evitar que se les condene cuando hay evidencia incuestionable: el vencimiento de términos. Pero todavía queda un escollo que resolver en este aspecto: la utilización de menores de edad como sicarios, lo cual limita poderosamente no sólo la aplicación de castigos penales, sino la propia investigación de los autores intelectuales de miles de asesinatos. A eso se suma la creciente migración del campo hacia las zonas urbanas de algunos desmovilizados reincidentes y la consolidación de clanes familiares dedicados a la delincuencia común, contra los cuales la única medida actualmente a la mano es el fortalecimiento de los grupos especiales de Policía y la dedicación de esfuerzos de inteligencia al seguimiento e identificación de los criminales. La violencia criminal no se ejerce desde una sola fuente, y en el caso de Cartagena, las pandillas que por su propia dinámica eran causa de muerte, ahora están siendo permeadas por las bandas emergentes del crimen, para cumplir su labor de eliminar a los pequeños traficantes y jíbaros que se niegan a pagarles el “peaje”. Para enfrentar esta arremetida criminal que tiene a Cartagena como uno de sus escenarios, es necesario desechar ese juicio facilista de que se trata de ajuste de cuentas entre delincuentes, por lo que la persona decente y cumplidora de la ley no debe tener miedo. Con semejante despropósito, hay quienes miran con simpatía las vendettas criminales, olvidándose de que cuando un sicario va a ejecutar un “trabajo”, aquellos que estén casualmente cerca también serán blanco de las balas, aunque no tengan que ver en el asunto. Además, la cultura criminal que encandila a los jóvenes con la promesa del dinero fácil, ha convertido la vida en un asunto sin importancia, a tal punto que cualquier persona, aunque no tenga grandes recursos económicos, puede contratar sicarios “baratos” para cobrar desde una deuda en dinero, hasta una afrenta imaginada. En resumen, el problema es de todos, no sólo de los que se meten en negocios raros, y la solución debe ser aplicada también por todos, la Policía, la Fiscalía, el sistema judicial, las autoridades administrativas, los organismos de inteligencia, la empresa privada y la ciudadanía. Y la primera medida que deberíamos tomar todos es adoptar una rutina vigilante, denunciando ante la Policía cualquier movimiento sospechoso, cualquier situación anómala que tenga apariencia de un acto criminal.

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