A lo largo de este año, los colombianos vimos con sorpresa e indignación el espectáculo de los escándalos más grandes de corrupción, cada uno tanto o más aterrador que el anterior. Así, cualquiera creería que este es un país con un porcentaje grande de malandrines.
No es una situación novedosa, porque de la corrupción se habla hace décadas y muchas de las denuncias se olvidaron en los anaqueles de los organismos de control y los despachos judiciales.
La oleada de escándalos nuevos se debe no solo al descaro de los pícaros de hoy, sino también a los instrumentos tecnológicos, que permiten detectar las anomalías entre el mar de documentos inherente a los contratos del sector público, cosa que antes era una proeza.
También se debe a que hay cada vez más ciudadanos y organizaciones civiles de control a la gestión pública, que verifican si los recursos estatales se usan con eficacia y honestidad.
A pesar de todo, la lucha contra la corrupción apenas comienza y debe fortalecerse mucho más, sobre todo con la participación de más y más ciudadanos. Muchos parecen indiferentes a los malos manejos y a los arreglos ilegales, como si fueran normales.
La mejor barrera contra los corruptos es una ciudadanía informada y atenta, complementada por una justicia seria, valiente e imparcial.
Si entre los ciudadanos prevalece la certeza de que el Estado no es capaz de asegurar la claridad y eficacia de sus inversiones, la desconfianza seguirá aumentando a la par que los comportamientos transgresores, como la evasión de impuestos, la trampa y el engaño, justificados con la tesis de que no vale la pena tributar ni apegarse a las normas en un país donde no se cuidan los recursos públicos.
Hay que reconocer el avance enorme en la publicidad de los contratos del sector público, como garantía de transparencia, pero todavía hay que perfeccionar las herramientas informáticas para que todo el mundo tenga acceso fácil a los documentos sin restricciones diferentes a las que impone la seguridad nacional.
Fortaleciendo el acceso del público a los documentos del Estado, se contribuye además a que las veedurías ciudadanas trabajen con mayor eficacia y sin obstáculos.
Si la documentación completa de cada contrato, licitación, concurso o decisión gubernamental se pone a disposición de todos oportunamente, a los corruptos les quedará muy difícil introducir la trampa en los procesos.
Cuando todos puedan examinar los documentos públicos oportunamente, resultará casi imposible acomodar adjudicaciones hechas a la medida, privilegiar a un solo sector y disfrazar irregularidades, delitos que sólo prosperan en los procesos silenciosos y recónditos, fraguados en la clandestinidad donde también se mueven a sus anchas los delincuentes.
Cuando más veedurías y más ciudadanos puedan intervenir en todas las etapas de los procesos licitatorios y de contratación, las maniobras corruptas serán descubiertas y contrarrestadas rápidamente, antes de causar perjuicios.
Esto, además, obligaría a organismos como la Procuraduría, contralorías, personerías, y de investigación judicial como la Fiscalía, a proceder con igual efectividad y transparencia.
¡Aún les falta mucho!
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