Los colombianos nos alegramos cada vez que nos comunican noticias tan extraordinariamente satisfactorias, como la liberación del general Luis Mendieta Ovalle, quien llevaba 12 años secuestrado por las Farc, y del coronel Enrique Murillo, durante operativos militares del Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en el municipio de Calamar (Guaviare), coordinados por el propio comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León. No sólo nos alegramos porque acabó el drama de dos colombianos más, sometidos a la voluntad demencial de un grupo armado ilegal que sigue justificando sus acciones violentas y terroristas con una supuesta causa social que desde hace años abandonaron seducidos por la dimensión sin límites del dinero del narcotráfico. También nos sentimos orgullosos del profesionalismo y la eficacia de nuestras Fuerzas Militares, que lograron ese rescate exitoso, gracias a una minuciosa y continuada labor de inteligencia y estrategia. Es indudable que la presión militar es una de las herramientas más eficaces para la lucha contra el terrorismo, y sería una insensatez reducir su intensidad en nombre de propuestas de paz negociada, que con las Farc nunca funcionarán, como se ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país. Este grupo guerrillero no tiene intenciones de buscar un acuerdo negociado de paz, y por eso resulta más esperanzador que tengamos unas Fuerzas Militares formadas en la excelencia, y sobre todo, educadas en las últimas décadas en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la democracia. Es justamente para garantizar la consolidación de esta cultura democrática que no deben permitirse los excesos en operativos que desarrollen el Ejército, la Infantería de Marina o cualquiera de nuestros cuerpos armados, en los que muchas víctimas inocentes han resultado muertas o heridas de gravedad, y que han querido ser justificados como una consecuencia inevitable de la lucha contra los terroristas. Tampoco es saludable para la estabilidad del país, minar la confianza de los colombianos en nuestras instituciones de justicia, por juzgar a los militares que hayan cometido abusos y hayan realizado acciones ilegales. No son los jueces y los fiscales quienes están atacando a las Fuerzas Militares, son algunos elementos dañinos y perversos que viven dentro de ellas y que con sus crímenes contaminan a las instituciones castrenses. Ya la juez María Stella Jara, quien condenó a prisión al coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 personas después de la retoma del Palacio de Justicia en 1985, ha recibido sufragios y amenazas, luego que el presidente Uribe apareciera en una alocución manifestando su “profundo dolor” por el fallo. Una reacción similar contra la Fiscalía, por ordenar la detención de Mario Aranguren, ex director de la UIAF y vinculado al caso de las interceptaciones ilegales, causó una polémica demasiado agria y con riesgos muy grandes de acabar con la armonía que debe reinar entre los tres poderes. Los colombianos confiamos, apoyamos y respetamos a nuestros soldados y policías, y les agradecemos que nos hayan devuelto parte de la seguridad perdida hace años. Ensalzarlos e impulsar su buena imagen entre los ciudadanos es un deber del Gobierno, pero no a costa de desacreditar a otra institución como la Justicia, donde también, como en las Fuerzas Militares, hay elementos dañados y perversos, que pueden ser enjuiciados en las instancias respectivas.
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