Es un hecho notorio que el exceso de ruido hace estragos en la población de Cartagena, y que la conciencia de este daño la tienen pocos habitantes, si bien la mayoría de la comunidad se queja de que no la dejan dormir, además de que en algunos lugares la enloquecen durante las 24 horas del día. También es notorio que el alcohol es el combustible de la máquina de abusos que ensordece a la ciudad. El irrespeto de los “productores” profesionales de ruido hacia la gente y las normas es absoluto y multiestrato. Pese a que la ley prohíbe que haya establecimientos que vendan licor en los alrededores de los centros educativos, por ejemplo, allí precisamente es donde más prosperan. La Universidad de Cartagena sufre un asedio bárbaro en la sede de Zaragocilla y pasado el mediodía arranca una sordina de “picós” a todo volumen de los cuales se percata todo el mundo, menos quienes deberían meterlos en cintura. Frente a la Universidad San Buenaventura también pasa algo similar, como ocurre en muchos otros planteles educativos de niveles diversos. ¿Cómo -se pregunta cualquiera- obtuvieron los permisos para operar en contra de la ley? ¿Por qué la autoridad no los reprime, si violan las normas de forma ostensible y alevosa? ¿Por qué parecen inmunes a todas las sanciones? ¿Por qué los estancos en los barrios residenciales operan como bares, con sillas en el espacio público y con atención directa a clientes, lo que les está prohibido expresamente? La Alcaldía de Cartagena, atendiendo el clamor ciudadano que cada día se oye más por encima del barullo de los bafles y torres de sonido, expidió el Decreto 0870, que desde el 1 de septiembre pasado restringió el funcionamiento de picós y venta de alcohol más allá de las 10 de la noche en 19 barrios, con un éxito notable en cuanto al decrecimiento de la violencia y los asesinatos en esos lugares. Ahora el Distrito anunció que mantendrá la medida en los 19 barrios y la extenderá a otros. Quizá es hora de que la medida cobije a toda la ciudad, incluidos los barrios de estratos altos y la Bahía de Cartagena, en la que algunas embarcaciones hacen ruido infernal durante tours nocturnos que atienden a los participantes en los eventos numerosos que se hacen aquí, y que perturban el sueño de los habitantes de Getsemaní, Manga, Bocagrande y Castillogrande. También es indispensable que el Distrito refuerce la capacidad de reacción del Establecimiento Público Ambiental (EPA), lo que incluiría un grupo especial de la Policía Metropolitana, y que promueva el endurecimiento de las normas contra el ruido, permitiendo la confiscación permanente de bafles, pitos y demás parafernalia utilizada para torturar a la mayoría de los habitantes por una minoría agresiva y con capacidad de torcer a algunos de los funcionarios que deberían meterlos en cintura. Bienvenida entonces la ampliación temporal y física del Decreto 0870, el que debería ser la punta de lanza de una campaña permanente y mucho más agresiva en contra del ruido y a favor de la tranquilidad de las mayorías ciudadanas.
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