Cuando parece que ya no es posible que se produzca un hecho asombroso en las decisiones de la justicia colombiana, nuevamente un juez deja estupefacto al país con un fallo como la que tomó hace dos días el juez 37 civil de Bogotá, Hugo Moreno Munévar, ordenando que la empresa Saludcoop fuera devuelta a sus dueños, luego de cinco meses de intervenida por la Superintendencia de Salud, al comprobar que causó detrimento patrimonial al Estado por casi 8 mil millones de pesos.
Ayer, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación preliminar contra el citado juez, quien dio la inexplicable orden, argumentando que la intervención violó los derechos de los trabajadores, afiliados y asociados de la empresa.
El juez 37 tiene en su hoja de vida una suspensión de hace seis meses por varios fallos polémicos y por no presentar a tiempo los informes de los procesos a su cargo, y curiosamente, el Tribunal Superior de Bogotá sólo se la notificó esta semana, así que empezó a cumplirla al día siguiente de la orden.
La decisión, aparte de ser un escollo importante para las investigaciones que adelanta Supersalud –porque los señalados como responsables del ilícito volverían a manejar los archivos y podrían desaparecer documentos claves– también ignora que la intervención no implica que se suspenda la atención al público ni que se vulneren los derechos de los empleados, a quienes se les siguen cancelando los salarios como siempre.
El caso de Saludcoop es uno de los más grandes escándalos de la corrupción para defraudar al Estado en los últimos años, con el agravante de que se juega con dineros destinados a preservar la salud de decenas de miles de colombianos, y comenzó a salir a la luz pública cuando el presidente Santos lo reveló.
Una primera indagación de las operaciones de Saludcoop y otras EPS privadas reveló el desvío de más de 30 mil millones de pesos hacia las cuentas de los directivos, pero a juzgar por lo que han seguido encontrando los investigadores, podría llegar a ser de billones de pesos.
Tampoco el juez 37 tuvo en cuenta que la Contraloría ordenó horas antes de su fallo, la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal contra las directivas de Saludcoop y contra dos exministros de Protección Social, por estos mismos hechos que implican el manejo irregular de los recursos de la salud.
Ante la dimensión de las pruebas encontradas en la investigación, que muestran claramente la posibilidad de una operación de gran envergadura para defraudar al Estado, es inaudito que un juez civil ordene devolverle el manejo de una empresa, que a pesar de ser privada tiene una responsabilidad social muy delicada, a sus dueños originales, de quienes se sospecha que participaron en las irregularidades.
Ya antes, el juez Moreno había emitido otro fallo que ordenaba a Supersalud suspender la intervención a la EPS Salud Cóndor, que luego revocó el Tribunal Superior de Bogotá.
Lo más insólito es la evidencia de que la propia justicia está dificultando que se investiguen delitos con profundidad y sin obstáculos.
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