Un país de víctimas

La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz amplía esa definición para el término, como “la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”.En Colombia, de una u otra manera, todos somos víctimas directas o indirectas de las de acciones ilegales realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.
Y aunque la Ley 975 se circunscribe a las víctimas directas, para beneficiarlos con la reparación, los colombianos en general deberíamos ser reparados simbólicamente con la decisión de todos los grupos armados ilegales de cesar inmediatamente su accionar violento y criminal, desmovilizarse y regresar a la institucionalidad.
Ayer, la Plaza de Bolívar y la Catedral Primada se llenaron de víctimas, familiares de esas otras víctimas sacrificadas por la demencia bestial de los guerrilleros de las Farc, que por cierto, quieren de manera cínica hacerse a su vez las víctimas, asegurando en un comunicado que el presidente y el alto mando militar son los responsables de la muerte de los cuatro uniformados que tenían secuestrados y a quienes aseguran que iban a liberar.
Ese comunicado es una burla cruel al dolor de las víctimas, a la congoja de las madres, esposas, hermanos, hijos y padres, no sólo de los cuatro rehenes asesinados sino de todos los que siguen secuestrados después de muchos años de privación de su libertad.
Hay otras víctimas en el país, que podrían convertirse en víctimas por partida doble, si la reparación de los daños que sufrieron se frustra en la ambición, el abuso y las maniobras corruptas de quienes desean lucrarse con el dolor ajeno.
Se trata de los que sufrieron el despojo de sus tierras a manos de los grupos paramilitares y cuya propiedad es inobjetable, pero que se enfrentan a muchos obstáculos, incluso a la amenaza de ser asesinados, para recuperarlas.
También el Estado ha sido víctima de las falsas víctimas, de quienes se colaron en las listas de los masacrados en Mapiripán y en El Salado (Bolívar).
En este último caso, se han encontrado inconsistencias en el reconocimiento de las verdaderas víctimas y hay divergencias entre los listados presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, incluso se habla de que un hombre que ayudó a la matanza y que está condenado por ello, y que aparece como persona afectada.
Un país de víctimas debe despertarse y reclamar el inmediato cese de las acciones de los grupos armados ilegales, reclamar de las Farc la liberación inmediata de todos los secuestrados y de los grupos criminales la suspensión de sus maniobras violentas.
No podemos seguir viendo las escenas desgarradoras de dolor e indignación que sellan el sacrificio de un número demasiado alto de colombianos.