Un secuestro abominable

Cuatro días lleva secuestrada la pequeña de 10 años Nohora Valentina Muñoz, hija del alcalde de Fortul (Arauca), Jorge Enrique Muñoz, y sólo ayer domingo sus captores se pusieron en contacto con él para informarle que la menor se encontraba bien.
Fue una comunicación vaga y ambigua, y la información sobre los autores del secuestro y sus exigencias sólo serían reveladas hoy por el padre de la niña, en un acto de prudencia que busca proteger su vida y permitir a las autoridades un trabajo eficiente, sin interferencias ni falsos datos.
El secuestro de la pequeña es un acto repudiable que no tiene justificación alguna, porque afecta los derechos a la vida, a la seguridad, a la integridad personal y al trato humano digno. También configura un crimen de lesa humanidad.
Si los autores son grupos armados ilegales, con fines de presión política o estratégica, sería una gran atrocidad que reduce las oportunidades de un diálogo de paz.
Si se trata de un secuestro extorsivo, la solución es la habitual en estos casos, sin incluir negociaciones que impidan el procesamiento y castigo de los criminales.
Al principio se habló de las Farc y el Eln, pero este último grupo emitió un comunicado negando su responsabilidad en el secuestro, y aunque no se tiene certeza, el Gobierno colombiano se comunicó con las autoridades venezolanas para impedir que la niña sea llevada al otro lado de la frontera.
La única buena noticia en este drama cruel es que la ciudadanía y numerosas instituciones nacionales e internacionales, al igual que personalidades del mundo, han reaccionado con enérgica indignación, no sólo para condenar el secuestro, sino para exigir la liberación inmediata de la menor.
Decenas de estudiantes y habitantes de Fortul marcharon el viernes para exigir la liberación de Nohora Valentina, con carteles que decían “Los niños no deben ser secuestrados”.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo ayer que el secuestro de niños “resulta manifiestamente contrario a la Constitución Nacional y a tratados internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños” y también “viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzosa”.
Incluso el papa Benedicto XVI, al ser enterado del secuestro, realizó una jornada de oración por la liberación inmediata sana y salva.
De ninguna manera el Gobierno o la familia de la niña pueden permitir que este secuestro se convierta en un mecanismo de presión para exigir alguna concesión o beneficio, ni que se dilate injustificadamente sólo para aumentar la zozobra y el miedo de sus padres, y la preocupación del país.
La única solución legítima es que la niña sea puesta en libertad, sana y salva, en el menor tiempo posible.
La voluntad de Colombia entera contra este delito abominable, que se aprovecha de víctimas inermes como los niños, debe ser ahora más firme que nunca, para que los criminales sepan que no pueden seguir impunemente su carrera de muerte y desolación.