Una bomba de tiempo

En los hospitales y clínicas de Cartagena no hay cama para tanta gente. La ciudad tiene sólo la mitad de las camas hospitalarias (2.200) que debería tener, y si las IPS que las mantienen llegan a cerrarse, sobrevendría una tragedia enorme.
Sobre esta posibilidad catastrófica alertó un grupo importante de directivos de hospitales y clínicas de Cartagena, que visitaron ayer El Universal, consternados por el fantasma de un cierre de sus instalaciones antes de fin de año porque las EPS no les pagan. Su cartera promedio tiene más de 200 días, y hasta el tendero más rústico sabe que ninguna operación comercial aguanta tanto tiempo sin capital de trabajo.
La crisis no es solo en Cartagena, sino nacional. Por ejemplo, las EPS le adeudan sólo a los hospitales y clínicas públicas de Antioquia 700 mil millones de pesos, según declaró el secretario de Salud de ese departamento al periódico El Colombiano. En Bogotá, la cartera pendiente de las EPS del régimen subsidiado con los hospitales de la red pública distrital asciende a los 250 mil millones de pesos.
La alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, pidió la intervención directa de la Corte Constitucional para que les paguen a los hospitales antes de que sea inevitable cerrarlos.
La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, dijo a Vanguardia Liberal hace un mes, que la deuda de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado con los hospitales públicos y privados de todo el país es de $5,9 billones.
La crisis para Cartagena no es menos grave, donde la deuda de las EPS a los hospitales pasa de los 250 mil millones, teniéndolos en una iliquidez insostenible, peligrosa.
La solución momentánea no puede parecer un “favor”, una largueza de los administradores omnipotentes de la salud, nacida de la crisis creada por el juego financiero de estas entidades, sino el cumplimiento de obligaciones con plazos definidos por la ley. Tampoco pueden seguir sus maniobras dilatorias para demorar los pagos que deberían ser inmediatos, como las glosas a las facturas, entre otras.
Esperamos que la alcaldesa de Cartagena emule a la de Bogotá y acuda al Gobierno nacional y a las instancias que sean necesarias para buscar las soluciones coyunturales. Pero la negligencia de las aseguradoras raya en lo criminal, y si bien hay que conjurar la parálisis de las clínicas y hospitales locales, el país tiene que exigirle al presidente Santos y al Congreso no una reforma, sino que se cumplan las leyes que ya existen, lo que arreglaría el problema.
¿Por qué la impunidad absoluta en la mora de las aseguradoras? ¿Por qué parecen intocables? ¿Dónde está la Superintendencia de Salud?
El gobierno de Santos saca pecho, hasta ahora con méritos, por su lucha contra la corrupción. Es indispensable que investigue lo que ocurre en el sector de la salud, y por qué las aseguradoras pueden jugar con la vida de los colombianos de manera tan insolente.