El proyecto incluye un complejo siderúrgico, una cementera y una zona franca industrial.El mismo Ministerio había negado la licencia para proyectos similares a otras dos empresas en 1998 y 1999, porque se trataba de territorios indígenas, y en las consultas realizadas con las comunidades, estas se mostraron contrarias a estos.
La licencia se concedió en 2006, porque el Ministerio del Interior certificó que el área del proyecto no había presencia de comunidades indígenas ni las obras se superponían a sitios sagrados ancestrales. Casi 11 años antes, el propio Mininterior certificó lo contrario.
La construcción del puerto causó serios daños a los humedales y zona de manglares únicos en el Caribe colombiano, hábitat de tortugas marinas, caimanes y patos migratorios que están a punto de desaparecer.
Las obras exigían que se dinamitara el cerro sagrado Jukulwa, donde tradicionalmente han hecho sus pagamentos las cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kankuamo, los Kogui, los Wiwa y los Arhuacos.
La tutela presentada por los indígenas motivó la sentencia T 547 de la Corte Constitucional, que ordenaba suspender las obras del puerto y realizar las consultas previas con las comunidades indígenas, pero una serie de apelaciones y alegatos dilataron el cumplimiento de la orden, de manera que en julio de este año, la Corte conminó al Ministerio a realizar la consulta y autorizó a la empresa Brisa S.A. a realizar obras de consolidación en la construcción ya ejecutada.
Lastimosamente, las consultas previas no serán exactamente previas, pues no buscarán la aprobación de las comunidades indígenas, sino que tendrán que enfocarse en determinar el grado de destrucción causado en los territorios y las formas de mitigarla.
Ayer, hoy y mañana, los cabildos de la zona realizan mesas de consulta para discutir sobre este delicado asunto, y tratar de frenar la expansión del daño.
Como en su sentencia de julio pasado, la Corte Constitucional solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría hacer un seguimiento a las consultas que debe liderar el actual ministro de Ambiente Frak Pearl, es de esperar que esta semana se realicen pronunciamientos de fondo sobre la suerte de los territorios indígenas ancestrales no afectados por el proyecto.
Sin calificar la importancia y la necesidad de ejecutar ese proyecto, debe quedar claro que no pueden adoptarse decisiones que provoquen consecuencias ambientales, sin consultar con las comunidades, y que tal consulta no puede soslayarse haciéndolas desaparecer en documentos oficiales, como quiso hacerse con los Koguis.
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