El domingo, los taxistas de Cartagena bloquearon los principales y más concurridos cruces viales de la ciudad, en legítima protesta contra el asesinato de un colega y contra los atracos y robos de que son víctimas con mucha frecuencia.Tras una reunión con la Policía, en la que se acordaron algunas estrategias especiales para reforzar la seguridad en las calles y avenidas de Cartagena, los taxistas levantaron los bloqueos y la normalidad regresó.
Ayer lunes, cuando la ciudad se despertó confiada, se encontró con un panorama caótico de embotellamientos en las más importantes vías, que les impidieron a muchos ciudadanos llegar a tiempo a sus sitios de trabajo o cumplir con las tareas diarias.
La indignación generalizada se dejó ver cuando la comunidad se enteró de que eran los mismos taxistas que habían protestado el domingo, quienes se habían encargado de bloquear de nuevo los cruces estratégicos, impidiendo la circulación, provocando embotellamientos más intensos todavía y trastornando la vida cotidiana de Cartagena durante más de cinco horas.
Fue una acción verdaderamente infame, porque ya se habían convenido acuerdos después del largo diálogo del domingo, lo cual le quitó toda justificación a tan inaceptable y abusiva muestra de anarquía urbana.
Y todo ese caos lo produjeron los taxistas porque querían hablar directamente con la Alcaldesa, que siempre se ha mostrado dispuesta a reunirse, y lo ha hecho, no sólo con ellos, sino con todos los gremios y representantes de la comunidad.
Repetimos, es legítima la preocupación de los taxistas por su seguridad, y todos somos solidarios con ellos. Han sido asesinados demasiados miembros de ese gremio. Pero eso no justifica someter a la ciudadanía local a semejante martirio. Realizar actos ilegales para protestar contra lo ilegal es un enorme contrasentido y le resta legitimidad a la protesta.
Refuerza, además, la peligrosa percepción de que aquí cualquiera puede cometer abusos sin que reciba sanción alguna, cualquiera puede poner patas arriba el orden urbano y la tranquilidad cuando se le viene en gana, como han hecho antes los mototaxistas.
En estos casos, es preciso que las autoridades tengan firmeza. El diálogo derivado de la presión debilita la autoridad y pone a la Administración contra la pared y sin argumentos para hacer valer el bien común por encima de los intereses gremiales.
Fue tan desafiante, tan soberbia y tan injustificada esta “toma” ilegal de la ciudad, que muchas personas empiezan a creer que hace parte de una estrategia para desprestigiar a la Administración distrital y crear inestabilidad, a pocas semanas de empezar el año electoral, orquestada por quienes no se han resignado a la pérdida de su nefasta influencia politiquera y corrupta.
Si es así, con mucha mayor razón es necesaria la firmeza. La Administración no puede dejarse presionar para adoptar medidas de seguridad y las agremiaciones de Cartagena deben saber que por esta vía no van a conseguir beneficios.
De lo contrario, todos se sentirán con derecho a perturbar la tranquilidad ciudadana por cualquier motivo.
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