Con la propuesta de reubicar a unos 200 vendedores informales, que ocupan ilegalmente esa franja caótica a la que se ha denominado “Solobus” del Mercado de Bazurto, en puestos de venta situados en zonas desocupadas dentro de la central de abastos, por primera vez se enfrenta un viejo problema con el ánimo de solucionarlo definitivamente. La invasión reiterativa de ese carril de la avenida Pedro de Heredia, destinado exclusivamente para que los buses urbanos recogieran y dejaran pasajeros, ha sido la muestra más clara de violación al derecho colectivo de todos los ciudadanos al uso, goce y disfrute del espacio público, porque además de la ocupación en sí, los vendedores informales impiden la adecuada prestación de un servicio público. En años anteriores, las administraciones locales se dedicaron a realizar operativos de desalojo cada vez que este periódico publicaba fotos mostrando el desorden descomunal en el “Solobus”, pero más tardaban los policías en retirarse que los vendedores en volver a ocupar ese espacio. De esa manera, se conformó una cultura de la desobediencia vandálica y de la informalidad, que al mismo tiempo les otorgó a los invasores ciertos derechos injustificados. Ahora, según anunció el gerente de Espacio Público, Adelfo Doria, se pretende acabar con el problema, sin afectar a quienes derivan el sustento de las ventas callejeras, recuperando al mismo tiempo la estructura original con que fue concebido y edificado el Mercado de Bazurto. La desocupación de las zonas legítimas y resguardadas de venta dentro del Mercado, para inundar a niveles exagerados sus alrededores, incluyendo una parte de las vías, es el proceso más absurdo e inexcusable que ha vivido Cartagena, promovido por la indiferencia de los gobiernos distritales, la ausencia de planes integrales de desarrollo y la falta de autoridad para hacer respetar el espacio público. La actual Administración, que ha mostrado siempre una gran preocupación por la situación social de la ciudad y que intentado recuperar los espacios invadidos sin dejar en el aire a los ocupantes ilegales, debe actuar en este caso con algo más de dureza, porque los vendedores informales del “Solobus” ya se consideran dueños del lugar, a tal punto que manifestaron su propósito de estudiar el plan de reubicación antes de aceptarlo. Aceptar que continúe la invasión de los espacios colectivos no sólo vulnera los derechos de la comunidad, sino que impiden un ordenamiento urbano racional y, sobre todo, no solucionan ni mitigan la pobreza, y contribuyen más bien a perpetuarla y extenderla. Las estrategias más recientes y exitosas para combatir la pobreza, la más eficaz de las cuales ha sido el Banco de los Pobres que financia proyectos para generar recursos, se basan en lograr que quienes viven de la economía informal, se reintegren a la legitimidad y cumplan su función comercial con todas las formalidades. Y sobre todo, en el caso del “Solobus”, el ejercicio de la autoridad debe ser pleno, porque en pocos meses el problema podría regresar a su gravedad de siempre.
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