Bien guardada estuvo la sorpresa que el Concejo Distrital le dio a la opinión ciudadana con una adición al presupuesto por $7.207.423.108 millones, solicitada para pagarles a ex concejales y concejales en ejercicio honorarios que no fueron liquidados con la diligencia y el cuidado necesarios.
La comunicación en que el presidente ad hoc, el concejal César Augusto Pión González, pide la asignación de recursos por ese monto, tiene fecha 18 de abril del presente año, justamente en los días previos a la discusión del Plan de Desarrollo. El alcalde Terán le dijo a El Universal que lo creía una coincidencia, pero que en ningún caso se dejaría presionar.
En la petición se advierte que los derechos de los concejales fueron reconocidos mediante resoluciones precedidas de los conceptos de la Oficina Jurídica y la Dirección Financiera del Cabildo, y traídos a valor presente. Habría resultado más conveniente, pero aún es tiempo de hacerlo, acompañar las actas que prueben la asistencia de los beneficiados a las sesiones de la corporación, en aras de la consistencia que merece una reliquidación tan cuantiosa, entre otros motivos porque sus honorarios son, por extensión, una contraprestación “por su asistencia a cada una de las sesiones de la respectiva corporación” (Consejo de Estado, concepto 444 del 14 de mayo de 1992 y ley 136 de 1994).
Si, como lo dice el presidente ad hoc, el Concejo tiene autonomía administrativa y financiera, los ordenadores del gasto y los liquidadores pudieron haber incurrido en detrimento patrimonial. No será difícil salir de dudas. Las órdenes de pago contendrán los datos precisos de las vigencias durante las cuales las malas liquidaciones dieron origen a las 31 correcciones reclamadas ahora.
Las firmas en cada acto administrativo permitirán identificar a los funcionarios que autorizaron los pagos defectuosamente. Presumimos la buena fe de quienes equivocaron el procedimiento administrativo, pero ya la evaluarán la Contraloría Distrital y la Procuraduría Regional.
A la ciudadanía de Cartagena le hubiera satisfecho que, junto con el oficio que solicita la asignación de recursos, el presidente ad hoc hubiera informado que él mismo, o el presidente titular, habían dado cuenta de la onerosa y reiterada omisión a las autoridades de control. La comunidad habría sentido que tenía una representación consciente de sus deberes políticos, tan celosa de la preservación del patrimonio público como de los derechos individuales quebrantados con la mala liquidación de unos honorarios.
¿No están afectadas algunas de las reliquidaciones por la prescripción? ¿Tuvo la precaución de averiguarlo el presidente ad hoc, ya que el titular se abstuvo de suscribir la petición? ¿No hay en la lista concejales retirados desde hace más de dos periodos?
Son tres interrogantes para que el señor alcalde tome una determinación luego de que halle las respuestas adecuadas en cada caso, porque no todos son iguales.
Desconcierta que la solicitud de los concejales no fuera divulgada y explicada a la opinión pública de antemano, evitando las suspicacias inevitables por el silencio, la cuantía, extemporaneidad del cobro y cercanía con la aprobación del Plan de Desarrollo.
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