Según el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, el próximo presidente de Colombia tendrá sustancialmente limitada su posibilidad de realizar inversiones importantes para financiar los proyectos centrales de su programa de gobierno, porque Uribe dejará comprometidas vigencias futuras por un monto elevado. En teoría, dice Juan Camilo Restrepo, para cumplir cabalmente lo que prometió, Uribe debe dejar establecido, que del presupuesto nacional de los próximos tres años, se destine un porcentaje, por ejemplo, para obras viales, como el túnel de Crespo, o para proyectos de mayor envergadura y a más largo plazo como el Metro de Bogotá. El compromiso de vigencias futuras es la única manera de acometer grandes obras de infraestructura, que cuestan demasiado y cuya construcción se demora varios años. Pero esta práctica tiene consecuencias para los sucesores de quienes comprometieron parte del presupuesto de los años siguientes, la principal de ellas es que se reducirán los recursos a su disposición para invertir sus propias iniciativas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó en su página web (www.dnp.gov.co) un documento llamado “Vigencias futuras”, en el que dice que a partir de 2011, “el 95% de las vigencias futuras se concentran en el sector transporte”. Y añade que, actualmente, “el Gobierno tiene aprobadas vigencias futuras por 22,1 billones de pesos entre 2011 y 2027”. Esto significa, según el DNP, que las vigencias representan unos 5 billones de pesos en 2011, y decrecen anualmente, de manera que serán de 2,9 billones de pesos en 2016 y de menos de 1 billón de pesos en 2025. Es decir, que el próximo presidente no cuenta con 5 billones de pesos, lo que representa aproximadamente un 20% del total del presupuesto de inversión. Las vigencias futuras han sido utilizadas por el presidente Uribe para garantizar la continuidad de sus programas sociales, como Familias en Acción, y como este programa ha sido utilizado de manera injustificada como caballito de batalla electoral, más por los colaboradores y partidarios que por los propios candidatos, sería bueno que Planeación Nacional aclarara si entre las vigencias futuras comprometidas de 2011 en adelante, están las que financiarán este importante programa, que según un boletín reciente del DNP, beneficia a unas 2,6 millones de personas. La única manera de impedir que Familias en Acción sea utilizado para hacer campaña política, lo que representa un usufructo infame de las necesidades de los más pobres, es que el Gobierno diga, ahora que empieza a realizar su rendición de cuentas, si el programa está asegurado para el año entrante y los siguientes, o si depende de la voluntad del próximo presidente. En ese caso, podría decirse que Familias en Acción seguirá, pues los candidatos con mayor opción han dicho que se proponen mantener el programa. Lo que estamos esperando los colombianos de los candidatos, es que nos expliquen cómo distribuirán el presupuesto de inversión en los 4 años de gobierno, considerando las partidas que ya comprometió Uribe para obras viales, y cuánto le dedicarán a la inversión social.
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