Pero una de las cuatro víctimas, identificado como Daniel Enrique Ulloque González, oriundo de Puerto Wilches, tenía orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir y la Policía asegura que era señalado miembro de la banda criminal “Los Urabeños” y se le conocía con el apodo de “El Nit”.
Ayer se conoció de otra masacre en el sur de Bolívar, esta vez en una vereda entre los municipios de Norosí y Montecristo, donde tres personas fueron asesinadas y otra más quedó herida, sin que hasta el momento se conozca qué grupo cometió el triple crimen, aunque la primera hipótesis es que se trata de la continuación del enfrentamiento entre el Eln y las Bacrim, que se hizo evidente en la matanza del fin de semana.
El asesinato de estas siete personas en menos de cinco días en el sur de Bolívar, respalda la hipótesis de que el Eln y las bandas criminales han roto su alianza y no sólo dejaron de trabajar en conjunto, sino que ahora comienzan a enfrentarse en una disputa territorial, cuyas consecuencias serán trágicas para los habitantes de la región, atrapados entre dos fuegos y empujados en poco tiempo a la opción de abandonar sus casas y parcelas.
Este enfrentamiento por el control territorial coincide con la alerta que ha lanzado la Misión de Observación Electoral (MOE), sobre la presión que están ejerciendo los grupos armados ilegales para recuperar, a través de la política regional, el terreno perdido en el campo de batalla, colocando sus fichas en las alcaldías de numerosos municipios de Colombia, muchos de ellos en Bolívar.
El riesgo electoral para los comicios de octubre en el sur de Bolívar aumenta exponencialmente con la disputa armada entre la guerrilla y las bandas criminales, y es preciso que la Administración seccional reconozca que efectivamente hay un grave peligro que se cierne sobre la población de esta región bolivarense, que amerita incluso adoptar medidas radicales para impedir que estos actores armados ilegales se apoderen del gobierno en una región demasiado grande como para desestimar su capacidad desestabilizadora.
Para contrarrestar este grave peligro, además de las acciones de la fuerza pública, es preciso que los partidos políticos se comprometan a retirarle el apoyo a los candidatos sospechosos de ser fichas de los grupos armados ilegales, y que denuncien esta infiltración de manera valiente.
Las autoridades departamentales también deben estrechar la vigilancia sobre el desarrollo de la campaña electoral de aquí en adelante, y trabajar de la mano de la Policía y el Ejército para coordinar acciones, antes de que las matanzas y las amenazas alcancen magnitudes incontrolables.
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