Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le retiró la personería jurídica al movimiento político ADN, por una suma de cuestionamientos, líos jurídicos y escándalos, comenzó una polémica por los avales que deberán entregar los partidos a una multitud de candidatos, a muchos de los cuales se les reprocha, al igual que hace cuatro años, su relación con grupos paramilitares. Tales cuestionamientos derivarán seguramente en cambios grandes de las listas de aspirantes a la Cámara y al Senado, a poco más de un mes de las elecciones, ratificando así que la política en Colombia se ejerce en medio de la improvisación y la falta de sustento ideológico. Del clientelismo y la demagogia, se pasó a la comercialización y, en algunos casos, a la conversión de las empresas políticas en empresas criminales que han torcido el camino de la democracia. Es inexcusable el caso del movimiento ADN, sancionado porque obtuvo su personería jurídica certificando asambleas falsas y la asistencia a ellas de algunos delegados que estaban detenidos en las fechas en que se supone que se realizaron. Además, en los orígenes de ADN están dirigentes como el ex congresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, hoy detenido en La Picota; y Miguel de la Espriella, condenado por parapolítica. En realidad, la estructura de ADN se nutrió de otros grupos cuestionados, integrados por personajes que tenían nexos claro con paramilitares. El director de la Fundación Nuevo Arco Iris, León Valencia, fue más allá y argumentó que detrás de ADN había una operación “de maquillaje de la parapolítica y una mutación a otros grupos, para conservar su poder en las regiones”. La semana pasada, el movimiento PIN anunció que recibirá a todos los candidatos de ADN, y la pregunta que ronda a los colombianos es la utilidad de una sanción contra un partido político, que no afecta a sus integrantes. A estos cuestionamientos se unen otros, como la denuncia del senador del Partido de la U, Carlos Cárdenas Ortiz, de que la campaña electoral en los Llanos Orientales la financian grupos de narcotraficantes y paramilitares que se han unido con dirigentes políticos de esa región. También está la solicitud de la Misión de Observación Electoral (MOE), a la dirección de varios partidos políticos, solicitando que retiraran el aval de candidatos a la Cámara que eran apoyados por líderes condenados por vínculos con grupos armados ilegales. Ante esa avalancha de denuncias, el jefe único del Partido de la U, Juan Manuel Santos, anunció la creación de un Comité Ético para revisar los avales otorgados a los aspirantes al Congreso, lo que podría derivar en más cambios antes del 18 de febrero, plazo máximo para modificar las listas que se deben inscribir mañana 2 de febrero, como máximo. La campaña electoral al Congreso vuelve a teñirse de denuncias sobre vínculos de candidatos con grupos armados ilegales, que los están financiando y que seguramente presionarán con violencia los votos que necesitan sus aliados. Qué tenebroso “déjà vu” estamos viviendo. Y lo peor es que toda la experiencia de las dos elecciones anteriores al Congreso no parece haber servido para corregir este camino, porque hasta ahora, las decisiones judiciales no han logrado frenar a los parapolíticos.
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