Una de las características más representativas de las dictaduras es su odio visceral a los medios de comunicación independientes y su desprecio por la libertad de expresión.
De los países de América Latina, Cuba estableció desde el comienzo del gobierno revolucionario una censura rabiosa de prensa y clausuró todos los medios privados para dejar solo los del Estado.
Venezuela y Ecuador siguen a Cuba con exactitud, y mantienen una ofensiva constante contra los periódicos, emisoras y canales, restringiendo cada vez más la libertad de prensa en esas naciones.
En Ecuador, aunque al principio el presidente Correa repetía el discurso del respeto a la prensa libre, poco a poco se valió de los tribunales de justicia para golpear las finanzas de los medios críticos de su gobierno, y de allí pasó a las medidas de hecho, clausurando emisoras e impidiendo la circulación de periódicos, lo que remató con una norma del referendo que creó una especie de junta de censura.
Como si esto fuera poco, y como retaliación contra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por sus informes críticos sobre las restricciones a la prensa en ese país, Ecuador presentó ante la OEA seis propuestas limitando la vigilancia y la libertad de expresión, tres de las cuales fueron aprobadas ingenuamente por este organismo.
Son tres propuestas arteramente disfrazadas de medidas para la eficiencia de las relatorías de la CIDH, pero destinadas a minar la acción de la RELE.
La primera es en el informe anual de la Corte, se incorporen todos los informes de las relatorías en un capítulo único, lo que reduce la visibilidad del informe sobre libertad de expresión.
La segunda pretende asignar “recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas sus relatorías, grupos de trabajo y unidades”, quitándole a la RELE financiación, lo que reduce la rigurosidad de su trabajo.
La tercera busca establecer un Código de Conducta que regule la gestión de las relatorías, para asegurar la coordinación entre ellas y los Estados, desvirtuando así la tarea de la RELE, que debe ser independiente para garantizar su imparcialidad.
No contento con reprimir a la prensa libre y censurarla con fuerza, el gobierno de Ecuador pretende ahora atravesar obstáculos al trabajo de la RELE, para impedir que pueda revelar en sus informes anuales las violaciones que se volvieron política de Estado al derecho ciudadano a una información completa y sin restricciones.
En una entrevista con RCN, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, opinó que de haberse aprobado las seis propuestas de Ecuador, la RELE habría tenido que ser cerrada.
La propia RELE se aseguró que Estados como Venezuela y Ecuador “buscan silenciar la crítica, reducir la rendición de cuentas por parte del Gobierno, demonizar y castigar a detractores, y manipular los procedimientos legales contra periodistas y medios de comunicación”.
El 25 enero se reúne la OEA y es de esperar que Colombia rechace que se reduzca el papel de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, antes que desde ese organismo se legitime la censura y la represión contra la prensa libre.
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