El Archipiélago del Rosario es representativo de la naturaleza de Cartagena y de Bolívar. Pasó a manos del Estado, que le cobra arriendo a quienes definió como ocupantes de buena fe. Pero la "toma" de las islas ha resultado en una sensación de inseguridad jurídica, ya que muchos de los arrendatarios sienten cortos los contratos a 8 años y dejan de invertir lo que deberían en un lugar donde todo se deteriora por el ambiente salitroso.
Al desmedro perceptible de las Islas contribuyen otros factores. El aumento en el nivel medio del mar y la muerte de sus arrecifes dejó las islas a merced de la erosión causada por un oleaje que les pega de frente; la presión del turismo, especialmente el informal, tiene al Parque sometido a un uso abusivo sin que se hayan divulgado aún los resultados de un estudio de carga que desarrolla Minambiente ni las medidas de protección que tomará; hay una sobrepesca evidente mediante trasmallos y otras artes provenientes de Cartagena, que ante el agotamiento de su recurso pesquero, sus practicantes trasladaron su actividad depredadora al corazón del Parque; y como si esto fuera poco, volvió la pesca con explosivos, principalmente por parte de terceros no isleños, matando todo lo que está a su alrededor.
Los mal llamados "nativos" de las islas, que provienen de muchas partes de la Costa y del país, dejaron la pesca como actividad primordial, salvo algunos que bucean para capturar langostas y cangrejas, y pasaron a depender de los arrendatarios del parque como sus cuidanderos o están en oficios complementarios o relacionados con el turismo. Los pescadores de cordel ahora vienen de fuera, principalmente de Bocachica, mientras los trasmalleros arriban de los barrios de Cartagena y cuyo centro de actividad son las orillas próximas al Mercado de Bazurto sobre la avenida del Lago. Ambos grupos pescan ilegal e impunemente, los primeros porque fabrican tacos de pólvora para matar las sardinas que usan de carnada, lo que antes hacían con la dinamita que ya controló el Estado, y los segundos porque las aguas internas del Parque no son para pescar con esas artes. Y ambos lo hacen impúnemente porque las autoridades no lo evitan.
Los funcionarios de Parques, según fuentes de El Universal, al igual que los isleños "nativos" que cuidan casas de arrendatarios, son amedrentados por estos piratas de la pesca y poco o nada pueden hacer. Los de los trasmallos llegan a casi cualquiera de los muelles de las casas pretendiendo establecer su campamento de pesca allí, a la brava, mientras los bocachiqueros lanzan sus tacos en cualquier ensenada, habitada o no, y amenazan a los isleños que les recriminen su actividad ilícita y criminal con el ambiente. A este conflicto se le suma el del turismo informal, cuyos operadores pretenden usar los muelles e instalaciones de los arrendatarios ausentes durante la semana, a veces con la anuencia de los cuidanderos, y la mayoría de las veces a la fuerza.
Todo lo anterior es sintomático de la misma falencia que se ve en tierra firme: falta de autoridad, es decir, falta de Estado. Las autoridades tienen que garantizar la seguridad física y jurídica de los isleños, de los arrendatarios, de los operadores turísticos formales y la viabilidad ambiental del Parque, porque todas van de regular para mal.
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