Denuncian falta de garantías para empezar debate de reforma a la Ley 30

El representante a la Cámara por el Partido Verde Carlos Amaya, aseguró que no hay garantías para empezar el debate sobre el proyecto 112 que modifica el modelo de educación superior en Colombia y reforma la Ley 30 de 1992.
Según Amaya “es obvio que hay 16 congresistas que van a defender la posición del Gobierno. Solo dos congresistas han manifestado su oposición y respaldar la posición de los estudiantes que es retirar el proyecto del Congreso”.
La afirmación fue hecha en la audiencia de control político que convocó la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para conocer las posiciones de la comunidad estudiantil y del Gobierno en cabeza de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, sobre el proyecto.
Amaya es uno de los congresistas que de entrada le dijo no al proyecto 112. Por eso pidió ser uno de los tres coordinadores ponentes que se encargarán de agrupar las posiciones que surjan en el debate, cuando empiece formalmente, si el Gobierno decide seguir con el trámite pese a la impopularidad que tiene la iniciativa dentro de la comunidad estudiantil.
Los tres coordinadores ponentes que se nombraron son: Ciro Rodríguez, del Partido Conservador; Wilson Gómez, del Partido de la U; e Iván Agudelo del Partido Liberal; quienes según Amaya apoyan la propuesta del proyecto.
Sin embargo, el congresista Wilson Gómez afirmó que existen las garantías para empezar el debate y que es claro que Amaya no pudo ser elegido como uno de los coordinadores porque su posición es retirar el proyecto, lo que no permitirá que prospere la discusión de la propuesta.
El congresista Jairo Ortega se mostró molesto con la afirmación de Amaya, y lo tildó de demagogo, al pedir que se retire el proyecto 112 y por no actuar desde hace ocho meses cuando el proyecto fue presentado por el Gobierno.
Ortega le hizo un llamado a los estudiantes para que reconsideren su posición radical de continuar con el paro hasta tanto no se retire el proyecto de ley, y les aseguró que se buscarán más recursos para la educación pública y que no pasarán los articulados que sean perjudiciales para la misma.
Ante la afirmación de Amaya la ministra de Educación afirmó que el Congreso es el encargado de aprobar las leyes y que tanto los estudiantes como los congresistas que están en contra del proyecto tienen las garantías para plantear sus desacuerdos.
“Este es el escenario para presentar las propuestas por parte de la comunidad académica para seguir construyendo entre todos la mejor reforma a la educación superior”, afirmó Campo, quien espera que las propuestas de los ponentes estén listas la próxima semana para empezar con el debate.
Aunque los rectores de las universidades públicas han manifestado su temor de quedarse sin los 3 puntos adicionales en el presupuesto que serían aprobados con la reforma, Amaya aseguró que esos recursos los tendrán por ley y que esta no es una excusa para pasar la reforma este año.

NO Y NO
Hasta el debate llegó Andrés Rincón, representante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, quien dejó claro que los estudiantes no solo buscan que las universidades públicas tengan más recursos sino que la educación pública sea considerada un derecho, algo que no han encontrado en el proyecto 112.
Según Rincón los estudiantes si quieren hacer un debate pero no en el Congreso sino en las universidades, y reiteró que el paro estudiantil seguirá hasta tanto el Gobierno no retire el proyecto del Congreso, y no se sienten a construir un proyecto alternativo, con garantías para el movimiento estudiantil.
La posición de los estudiantes sigue más rígida que nunca, más aún después de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos la semana pasada quien dijo no entender las razones de algunos estudiantes para protestar en contra del proyecto.