El “no” de las universidades a la reforma educativa

Los rectores de las universidades públicas y privadas del país le dieron un “no” rotundo a la posibilidad de que ingresen universidades con ánimo de lucro, una propuesta que el Gobierno pretende implementar para reducir el número de estudiantes que no logran acceder a la educación superior.
Así lo dieron a conocer el jueves los rectores de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, y del Sistema Universitario Estatal, SUE, en la reunión que sostuvieron con la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, para entregarle la propuesta en la cual han venido trabajando para reformar la Ley 30 de 1992.
Este fue uno de los puntos que desató mayor desacuerdo dentro de la comunidad académica, desde que el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer la primera propuesta para reformar la Ley a inicios de marzo.
Después del anuncio del Presidente, Ascún realizó 6 foros regionales para debatir la propuesta del Gobierno con la comunidad académica. Fruto de estos encuentros los rectores elaboraron una propuesta concreta que será revisada por la Ministra antes de que el proyecto entre a ser debatido en la próxima legislatura del Congreso.
En el encuentro los rectores también presentaron el proyecto de Ley Estatutaria sobre Autonomía Universitaria, que impulsan tanto Ascún como el SUE. La propuesta surge después de que el Gobierno, en el borrador del proyecto de Ley entregado, estableció que la vigilancia y control a las universidades sería una de las prioridades para evitar malos manejos administrativos.
La Ministra explicó que la discusión de la propuesta se ha hecho de forma abierta e incluyente con la comunidad académica y aseguró que “muchas de las observaciones que tienen toda la razón y justificación serán incorporadas en el proyecto definitivo”.
Por su parte, el SUE presentó una propuesta que ha venido trabajando a partir de cinco comisiones que abordan temas exclusivos de las universidades públicas, y que se ven directamente afectadas por las disposiciones que se hagan en la reforma de la Ley, especialmente en materia financiera.
En el tema de recursos para las universidades públicas, los rectores han sido enfáticos en que no es viable la propuesta del Gobierno de hacer un ajuste adicional del 1 por ciento en el 2012, 2 por ciento en el 2013 y 3 por ciento entre el 2014 y el 2019.
Por eso proponen que ese incremento adicional sea de 3 puntos desde el 2012 y que la medida no vaya hasta el 2019 sino hasta el 2022. Sin embargo, para el gremio de rectores la situación se soluciona de manera definitiva con la creación de una canasta de servicios educativos que defina los costos reales de las instituciones educativas cada año.
Otros temas que hacen parte de esta propuesta de las universidades públicas tienen relación con la estructura de la educación superior, calidad e investigación, principios básicos y equidad. Este último tema es de gran importancia teniendo en cuenta que en la reforma no se contempla la inclusión de indígenas y comunidad afrodescendiente.