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Ley de Educación Superior

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La Ley 30 de 1992 organiza el servicio de la Educación Superior. “La educación es un servicio público inherente a la finalidad social del Estado que vela por su calidad”.

La Ley, en sus artículos 96 y 97, permite que personas naturales y jurídicas de derecho privado, constituyan instituciones de educación Superior. “Los particulares que pretendan fundar una institución educativa al momento de su constitución deberán indicar expresamente que se trata de una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro”.

El Estado ejerce sobre ellas vigilancia permanente para que sus fines se mantengan, y sus rentas se reinviertan, conserven y apliquen a la voluntad de sus fundadores, que no pueden ser otras que las que señala la Constitución y la ley.

El artículo 98 establece que “Quien invierta dineros de propiedad de estas en actividades diferentes a las exclusivas de la institución, incurrirá en “Peculado por Extensión”. A los representantes legales, rectores y directivos les serán aplicadas sanciones por parte del Ministerio sin perjuicio de las especificadas en otras normas.

El peculado por extensión fue tipificado en la legislación penal anterior, Ley 190 de 1995, como la conducta de apropiación o uso que un particular o un tercero, hagan sobre “bienes que administren o tengan bajo su custodia pertenecientes a empresas o instituciones del Estado, asociaciones profesionales… benéficas o de “utilidad común no gubernamentales”.

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