Mineducación presentó proyecto de reforma en medio de disensos

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó de manera oficial el articulado final del proyecto de Ley que se llevará al Congreso la esta semana y que reforma la Ley 30 de 1992, la cual reglamenta la educación superior.El proyecto se llevará sin lograr una conciliación con los representantes de las universidades en el tema financiero y la entrada de instituciones con ánimo de lucro al país.  En cuanto al tema del financiamiento, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, resaltó que “el principal consenso es que permanecen los disensos”, porque las cuentas que hace la Ministra “son alegres”.  De hecho, la propuesta no dejó contento al gremio de rectores de universidades públicas porque, según Wasserman, el aumento de un 3% adicional que les llegará desde el 2012 al 2022 no alcanzará debido a que la reforma plantea unas tareas adicionales que requieren más plata.  
“Las condiciones generan gastos que a veces son mayores que los recursos” y añadió que el monto “es un aumento anual de 150 mil pesos por estudiante, eso es irrisorio”. A esto se suma que los rectores no quedaron contentos con la forma en que se planteó la administración de esos rubros adicionales.  
Y mientras que el Ministerio propone que se utilice el 100% de ese incremento adicional en mejorar la calidad e incrementar la cobertura e investigación, las universidades argumentan que se debe dejar un 50% para estos fines y el restante para la base de las universidades.  
Otro que se mostró en desacuerdo frente a la propuesta financiera presentada por el Gobierno fue el representante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu, Pedro Hernández. Su principal argumento es que la reforma, tal como quedó, plantea que los recursos adicionales serán repartidos no solo entre las universidades sino entre todas las instituciones públicas.
“No es solo para las universidades estatales sino para todas las instituciones públicas de educación superior, llámese técnicos, tecnológicos, normales, por eso les tocará menos a las universidades públicas”, explicó Hernández.  Además, según Hernández, el déficit de los 700 mil millones de pesos que tienen actualmente las universidades solo se alcanzará a cubrir con esos recursos adicionales hasta el 2022. Escasamente, de aquí al 2022, salen esos recursos que cubrirían el déficit actual”, explicó.
Aunque el Ministerio contempla también el ingreso de los dineros de las regalías que llegarán para las universidades, Hernández sostiene que serán para la investigación e innovación y que podrán acceder a ellos no solo las universidades públicas, sino también las privadas y las que son con ánimo de lucro, si finalmente el Congreso le da el sí a esta posibilidad.  La contraparte, la Ministra, explicó que la propuesta de dejar ingresar las universidades con ánimo de lucro se mantiene porque “son necesarios más recursos del sector privado que ayuden a incrementar la oferta de instituciones de educación superior”.