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Mineducación radicó proyecto para ajustar la Ley 30 de 1992

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Este lunes la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, junto al Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, radicaron en el Congreso el proyecto de ley para ajustar la ley 30 de 1992, en la que se establece la forma de financiación de las universidades públicas y se organiza el servicio de la educación superior.

Pese a que el tiempo es corto, la Ministra se manifestó optimista en que la reforma pasará en la actual legislatura. En efecto, la propuesta se radicó con mensaje de urgencia para que sea revisada antes de que ella entregue su cargo.

DISCUSIÓN

En cuanto a los puntos que eran materia de discusión entre el Ministerio de Educación y los representantes del sector universitario, al parecer, lograron conciliarlos. Según el Presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, y rector de la Universidad del Cauca, Danilo Reinaldo Vivas, "en general el Consejo de Rectores aceptó el planteamiento hecho por el Ministerio de Educación Nacional, entendiendo que es a partir de nuevos requerimientos que se darían esos recursos".
Acorde con lo quedó en el documento, el artículo 86 de la ley 30 que establece cómo se hace el incremento anual al presupuesto de las universidades públicas quedará como funciona actualmente, pese a que varios rectores habían manifestado la importancia de modificarlo.
Vivas sostuvo que el acuerdo se logró porque el Ministerio especificó en la propuesta que adicional a los recursos que tienen las universidades por ley, para el presupuesto de 2011 habrá un aumento de un punto real; para el 2012, un incremento de dos puntos reales; y que para los presupuestos de 2013 a 2019 el incremento será de tres puntos, tomando como base el monto asignado el año anterior.

OTRO PUNTO

Otro de los puntos que lograron conciliar es el que propone que el Ministerio será en encargado de distribuir los recursos destinados para la ampliación de cobertura; el reconocimiento de la productividad académica de los profesores de la red pública; y la inyección de capital que se invertirá en la formación doctoral de los docentes.
Aunque la intermediación del ministerio se veía como una violación a la autonomía universitaria, contemplada en la misma ley 30 que se pretende modificar, Vivas manifestó que "la rigurosidad que tienen las universidades permitirá que la autonomía de las mismas no se vea afectada por condicionamientos de orden económico".
Por su parte la Rectora de la Universidad de Pamplona, Esperanza Paredes, manifestó que la concertación en ningún momento pone en riesgo la autonomía de las universidades públicas, que tendrán vías alternas para acceder a los recursos.
Aunque la situación financiera de la Universidad de Pamplona, fue uno de los motores que encendió la polémica por la desfinanciación de la educación superior el año pasado, Paredes dejó claro que esta universidad no está riesgo de quiebra. "Hemos logrado un avance muy importante en términos del pago a la deuda a proveedores y el pago de la deuda bancaria que teníamos".
Como uno de los puntos en discusión era la participación que tendrían las universidades grandes (Unal, Univalle y Universidad de Antioquia) con respecto a las regionales, Paredes resaltó que el Ministerio elaboró una tipología que establece el grado de complejidad, alta, media o baja, para asignar los presupuestos.
Con ello, se espera que las universidades pequeñas, tengan igual participación en los recursos asignados, sin disminuir los montos para universidades que cuentan con una mayor infraestructura y que atienden gran número de estudiantes.

LO QUE QUEDA PENDIENTE

Para el Presidente del SUE, la discusión se seguirá dando después de la presentación del proyecto, pero era indispensable que se presentara en la actual legislatura teniendo en cuenta el interés que tiene el gobierno de resolver el problema, que ha reconocido que el sistema de educación superior requiere más recursos.
Precisamente uno de los puntos que quedará como pendiente es la petición que hizo el Sistema Universitario Estatal para establecer un IPC para la educación superior, que evalúe los costos que genera este servicio público, problema que no ha sido estudiado. "Es un tema que tendremos que abordar con mayor claridad. Incluso se tendría que hacer una reforma integral acorde con un IPC educativo".

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