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ONG y autoridades de control alertan sobre crecimiento de abuso sexual en colegios

Entre enero de 2005 y junio de 2011, la Procuraduría asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los colegios oficiales del país. Lo preocupante es que de ese total solo se han resuelto 32 casos, lo que significa que de cada 10 denuncias solo 1,5 son solucionadas.

Los departamentos en donde se han denunciado ante la Procuraduría son Santander (39), Antioquia (26) Cundinamarca (19), Tolima (14), Atlántico (12), Risaralda (11) y Bogotá (11). Siete de cada diez de estas denuncias tienen como presunto victimario a un docente.

Las cifras hacen parte de la recopilación del informe que hizo la organización Woman´s Link Worldwide, la Fundación para la Defensa y Restitución de los Derechos Humanos de Bolivia, el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Ese documento fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 24 de octubre, donde se analizó este fenómeno que se presenta de igual forma en Bolivia, Ecuador y México.

Este informe fue presentado en el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en Colombia convocado por la Defensoría del Pueblo, donde se expuso que las denuncias cada año han ido en ascenso: 44 en 2008, 55 en 2009 y 62 en el 2010. Cabe resaltar que estos son tan solo los casos denunciados en la Procuraduría, lo que deja por fuera los abusos que quedan en silencio.

En el informe también se reseñaron estadísticas de Medicina Legal según las cuales ha ido en aumento el número de exámenes médico legales sexológicos a niños y jóvenes por presunto delito sexual ocurrido en instituciones educativas. Mientras que en 2006 se practicaron 322 exámenes, en el 009 la cifra llegó a 489.

Katherine Romero, abogada de Woman´s Link Worldwide, explicó que se encontró como común denominador en los países analizados que existe una cultura del abuso sexual. Esto teniendo en cuenta que existen altos niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie al personal escolar a utilizar su posición de poder para abusar sexualmente de los niños o jóvenes, sin que ellos perciban que se trata de un delito.

Otro problema es que las instituciones tienden a encubrir este tipo de abusos para no poner en riesgo el prestigio, sin importar que esto implique un riesgo para los estudiantes, un fenómeno que no es exclusivo de los colegios de carácter religioso, afirmó Romero.

A estos puntos se suma que existe una falta de interés y de prioridad por parte de las autoridades judiciales a la hora de investigar y sancionar a los abusadores, un hecho que se corrobora con los datos de la Procuraduría. Según la defensora para los derechos de la infancia, Pilar Rueda, en muchos casos los jueces se siente cohibidos porque les da miedo impartir una sanción equivocada, lo que podría agravarse si se endurecen las penas para estos abusadores.

Por último, la abogada reseñó que existe una falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades disciplinarias y judiciales que desencadenan en la impunidad de los casos, que paradójicamente suceden en las escuelas, creadas para proteger y formar a los niños y jóvenes.

DOS CASOS ABRUMADORES

El detonante de este informe a nivel regional fue el caso de una niña boliviana de 10 años que desapareció en agosto de 1999 de su escuela en la ciudad de La Paz y a los cuatro días fue encontrada dentro de la misma institución con brutales signos de tortura, violencia sexual y estrangulamiento.

En 2003, el juez de la causa penal condenó al director de la institución a treinta años de prisión, pero al decidir un recurso de apelación, la Corte ordenó la libertad del sujeto, argumentando fallas en el manejo de la prueba en las etapas iniciales de investigación. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de ese país ordenó la anulación del caso hasta la etapa inicial y la reapertura de las diligencias iniciales de investigación.

Doce años después de los hechos, el caso se encuentra en completa impunidad y los fiscales y jueces del distrito de La Paz se han negado a reiniciar el proceso de investigación en contra de los presuntos responsables. En mayo de 2010, las organizaciones FUNDERES y Women´s Link Worldwide presentaron una petición contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El otro caso que llevó a los abogados de Women´s Link Worldwide a indagar sobre violencia sexual al interior de planteles educativos fue el de Paola Guzman, una adolescente ecuatoriana de 16 años que en 2002 sostuvo una relación de carácter sexual con el vicerrector del colegio Fiscal Técnico de Comercio y Administración, Miguel Martínez Serrano.

La joven quedó embarazada y se conoció que fue presionada por el vicerrector para interrumpir su embarazo con ayuda de un médico de la institución. Ante la presión la joven decidió suicidarse con sustancias tóxicas. Aunque la urgencia se presentó en el colegio las directivas no le prestaron la atención necesaria ni avisaron a sus representantes.

La adolescente murió mientras estaba siendo trasladada a un hospital. El caso fue presentado ante la CIDH, en 2006, y admitido dos años después. Actualmente las partes exploran la posible firma de un acuerdo de solución amistosa.



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