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Edurbe, de intermediaria en 17 contratos a “cero convenio”

¿Por qué el Distrito utilizó a Edurbe en 2017 para subcontratar, si lo podía hacer por su cuenta y ahorrarse el valor de intermediación? Esa es la inquietud del programa Vigila Cartagena, de la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar), de algunos ciudadanos, y probablemente será la de usted al término de este informe.

Es que el año anterior, el Distrito suscribió 17 contratos interadministrativos con la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), por 52.950 millones 229 mil 517 pesos. Y, por disponer de una nómina conformada por 25 funcionarios, insuficiente para ejecutar esas obras, Edurbe recurrió a la subcontratación en el 100 % de los casos, figurando siempre como intermediaria.

En esa labor, de subcontratar a empresas y/o consorcios para que ejecutaran las obras, la empresa redujo los costos de los contratos y se quedó con millonarias sumas. Es decir, el Distrito pagó a Edurbe un monto por cada contrato y ella a su vez subcontrató por otro, mucho menor.

Con la entrada de Antonio Quinto Guerra Valera a la Alcaldía de Cartagena, Edurbe dejará de percibir dinero por mediar entre el Distrito y los contratistas finales. En diálogo con El Universal, el alcalde electo sostuvo que esta empresa tendrá “cero convenio” con su administración.

“Todos los procesos contractuales serán públicos y no contrataremos con Edurbe ningún convenio interadministrativo. Nos comprometemos con los cartageneros públicamente, que en nuestro Gobierno, de año y medio de transición, cero convenio con Edurbe”, anunció Guerra.

Añadió que “Edurbe se ocupará de manejar caños, cuerpos de agua y todo lo pertinente a la recuperación de nuestros cuerpos hídricos”.

El costo de intermediar

Con pruebas, Funcicar demostró “lo que se podría considerar un costo de intermediación”, mismo dinero que pierde el Distrito por utilizar a Edurbe. 
Solo en una muestra de siete contratos de 2017 y sus respectivos subcontratos, seleccionados por ser los que contaban con la información más completa en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Funcicar evidenció el alto costo de intermediación.

“Se realizó una resta simple: valor que pagó el Distrito a Edurbe por dichas obras (-) valor que terminó pagando Edurbe a un tercero por ejecutarlas (=) dinero que queda en Edurbe por servir de intermediario en la ejecución de obras”.

Entre los contratos a los que se les aplicó esa “resta simple” está el de la construcción de pavimento rígido vía Camino de Campaña, entre la avenida La Cordialidad y la Variante, que el Distrito contrató con Edurbe el 3 de noviembre de 2017, por 17.206 millones 83 mil 162 pesos. Luego, Edurbe subcontrató con el Consorcio Vía Campaña 2017, el 26 de diciembre de 2017, por 16.052 millones 14 mil 297 pesos.

“Si al primer valor le restamos el segundo se genera una diferencia de 1.154 millones 68 mil 865 pesos que no fueron invertidos en la obra, y que se podrían considerar un costo de intermediación que pierde el Distrito por utilizar a Edurbe”, advirtió Funcicar.

No se cumplen los plazos

Otro de los contratos analizados fue el de “realizar obras de reparación y mantenimiento de diferentes instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena de Indias”, suscrito entre Edurbe y el Distrito, el 20 de octubre de 2017, por 5.301 millones 31 mil 172 pesos. Diez días después, Edurbe subcontrató al consorcio Obras Escuelas Cartagena 2017, por 4.982 millones 750 mil 927 pesos. En sus arcas quedaron 318 millones 280 mil 245 pesos.

En este caso, en la subcontratación se estableció un plazo de ejecución de 61 días y no se cumplió. “El principal argumento del Distrito para contratar con Edurbe es la celeridad para ejecutar las obras mediante contratación directa, puesto que las licitaciones son convocatorias que duran hasta dos meses para adjudicarse; sin embargo, lo que hemos identificado es que Edurbe no ejecuta ninguno de estos contratos, y la responsabilidad de los mismos recae en las personas naturales y jurídicas subcontratadas, que para el caso de infraestructura educativa fue un consorcio que incumplió los términos de entrega de las obras. Es decir, no se dio tal celeridad en la ejecución”, afirmó Alejandra López, directora de Conocimiento e Incidencia de Funcicar.

Añadió que “estas instituciones educativas debieron entregarse el 31 de diciembre de 2017 y a la fecha han sido objeto de tres aplazamientos”.

Consultado por El Universal, Javier Morelo González, ingeniero de Infraestructura Educativa que apoya la supervisión del contrato entre Edurbe y el Distrito, informó que en la mayoría de los colegios, las obras ya se recibieron a satisfacción, “pero a raíz de la lluvia se han encontrado filtraciones de agua (en seis colegios) y se están haciendo los requerimientos pertinentes para que Edurbe corrija y poder recibir a satisfacción”. Tal es el caso de instituciones como Pedro de Heredia, Madre Gabriela de San Martín sede La Magdalena y Soledad Acosta de Samper.

No respondieron

Tanto el Distrito como Edurbe fueron consultados por este medio, y ninguno de los dos respondió a los considerados costos y pérdidas por intermediación.

Subcontratación sancionada

En un fallo de primera instancia del pasado 12 de enero, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal impuso fuertes sanciones a la exgobernadora de Quindío, Sandra Hurtado Palacio, y a otros funcionarios, por contratar obras con empresas que terminaron subcontratando con terceros. Los convenios se celebraron, por valores muy elevados, con la Empresa de Servicios Públicos del Quindío (Esaquín) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).

El 26 de agosto de 2015, dos ciudadanos solicitaron a la Procuraduría iniciar una investigación disciplinaria porque, al parecer, se estaban evadiendo los procesos de selección objetiva. En su fallo, la Delegada para la Contratación Estatal sostiene que los funcionarios violaron el principio de la transparencia, “por cuanto se acudió a una excepción para contratar de manera directa, sin que existiera causa legal para no adelantar el proceso de contratación que correspondiera, y se conculcó el deber de selección objetiva, al no permitir la participación de personas naturales o jurídicas que estaban en capacidad de ejecutar las obras que se contrataron”. Esto porque Esaquín y Provinquindío, “carecían del personal, la maquinaria y las herramientas y los materiales para cumplir con los objetos de convenios, evidenciándose así que no estaban en capacidad de ejecutar la labor esencial o principal del convenio”.

En su fallo, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a Hurtado, gobernadora de Quindío para la época de los hechos, y a quienes figuraron como gobernadores encargados, Julio Ospina y John Fernández, les impuso la misma medida, pero por 10 años. Por vulnerar el principio de la responsabilidad, al gerente de Proviquindío, Johnny Rodríguez, se le suspendió del cargo por tres meses; y a Heildelman Grajales, gerente de Esaquín, por seis meses. Para la directora de Conocimiento e Incidencia de Funcicar, esas empresas hacían “lo mismo que hace Edurbe. No está en capacidad de ejecutar los contratos que le da el Distrito”.

Edurbe frente a otras Empresas de Desarrollo Urbano 

Para ejecutar las 17 obras que contrató con el Distrito en 2017, Edurbe realizó 30 subcontratos y en la mayoría, 29 de ellos, seleccionó a sus contratistas por invitación directa o ‘a dedo’. 

Con esa actitud, la empresa ignoró sus otras dos modalidades de contratación: invitación cerrada, que se le hace a mínimo tres empresas de su banco de proveedores; e invitación abierta, que es la convocatoria pública que hace a través de su página web. Solo en un contrato recurrió a esta última.

Mientras Edurbe se regula por un Régimen Especial de contratación, así lo hacen otras Empresas de Desarrollo Urbano en el país.
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar): Estatuto General de la Administración Pública, seleccionando contratistas por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, menor cuantía y contratación directa.

Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en Medellín: Régimen Especial con selección por contratación directa (causales definidas), pago contrafactura (menos de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes) e invitación directa.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en Bogotá: Estatuto General de la Administración Pública, contratando por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, menor cuantía y contratación directa.

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), en Bogotá: Estatuto General de la Administración Pública y Régimen Especial: invitación privada (mínimo tres proponentes invitados a participar. Para contratos de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes); invitación pública (más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes).

En cuanto a si publican en su página web procesos en curso con enlace a Secop, Funcicar aseguró que en Cartagena “no existe publicidad de los contratos en ejecución ni de los celebrados en años anteriores”; en Barranquilla “publican en su página web un listado de procesos celebrados en el 2018, sin enlace a Secop”; Medellín “cumple y publica un mapa de proyectos”; y en Bogotá, en IDU “publican un visor de proyectos y un listado de procesos celebrados entre 2015 y 2018 con código Secop”; y en ERU “publican listado y documentos de procesos celebrados entre 2017 y 2018, sin enlace a Secop”.

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Comentarios

Dios te bendiga Cartagena: FELIZ DIA DE LAS MADRE

https://www.youtube.com/watch?v=spCRgWO92OM

acaben con eso.

Es hora de acabar con EDURBE, sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Foco de politiqueeria y corrupción.