Ante la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación al director Nacional de la Policía, Jorge Hernando Nieto Rojas, de estudiar la viabilidad de asignar un mayor número de policías ambientales en Cartagena, la directora del Establecimiento Público Ambiental (EPA), María Angélica García Turbay, afirmó que “damos apoyo irrestricto a esa solicitud que ha emitido en su sabiduría el órgano de control”.
Indicó que “es absolutamente necesario para la ciudad. El desarrollo de Cartagena se sustenta sobre la base de sus recursos naturales, y es necesario un mayor apoyo en cuanto a cantidad de agentes. Sí tenemos un buen respaldo por parte de la Policía Ambiental y Ecológica, hace una labor meritoria. Son unos valientes que se han puesto la camiseta con nosotros, sino que sí es cierto que se requiere incrementar el pie de fuerza”.
Con su petición, la Procuraduría busca dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Esto porque en reuniones con diferentes autoridades locales y visitas a la ciudad, evidenció que solamente hay cuatro uniformados adscritos a la Policía Ambiental y Ecológica, “(…) los cuales no pueden ejercer su labor de manera efectiva, pues los delitos ambientales que se cometen desbordan el número de funcionarios destinados a reprimir las conductas atentatorias del mismo”.
VAN OCHO CAPTURAS
Jaider Aguilar, jefe de la Policía Ambiental y Ecológica, aseguró que son 10 uniformados los que integran este grupo.
Informó que “todos los días hacemos operativos. Este año hemos realizado un promedio de ocho capturas por diferentes delitos, mayormente por tráfico ilegal de especies silvestres, como hicoteas y huevos de iguana, y tráfico de la biodiversidad, como aves y monos titís. El año pasado logramos hacer 38 capturas por diferentes delitos: tráfico de especies, maltrato animal con la Umata, contaminación y tala de mangle. Cuando capturamos a una persona lo informamos a la autoridad ambiental y la dejamos a disposición de la Fiscalía”.
Pero “si identificamos que hay una infracción al medio ambiente que no genera captura -anotó Aguilar-, elaboramos un acta de visita donde dejamos constancia del motivo de la suspensión de la actividad, hacemos un informe donde anexamos ese acta y la reportamos a la autoridad competente, sea EPA o Cardique, para que establezca qué sanción impondrá”.
La Policía Ambiental y Ecológica atiende quejas de las comunidades a través de las línea 123 y 112.
LOS DELITOS MÁS FRECUENTES
La directora de la autoridad ambiental explicó que “el EPA se encarga solo de imponer infracciones de carácter administrativo. Estas infracciones pueden concluir en delitos que remitimos a la Fiscalía para que los investigue porque nosotros no tenemos incidencia en lo penal (...) Los operativos son frecuentes y además de la Policía nos apoyamos en la Guardia Ambiental Voluntaria”.
Señaló que en Cartagena, los delitos ambientales más preponderantes son: la tala de mangle, por ser un ecosistema especialmente protegido; el relleno de los cuerpos de agua y el tráfico ilegal de especies de fauna y flora.
“Se ve el tráfico de especies de fauna silvestre en vía de extinción, como la tortuga carey y el caracol pala. Es muy recurrente la contaminación ambiental como medio para la urbanización, es decir, en el borde de los cuerpos de agua las personas efectúan rellenos y tala de mangle con fines urbanísticos. La Ciénaga de la Virgen es la más afectada”.
Según la funcionaria, la tala de mangle es más preocupante en el corregimiento de La Boquilla, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). “El resto del sistema de caños y lagos tiene un cordón de manglar fuerte. Se han presentado casos que hemos venido atacando, como el ocurrido el año pasado cuando judicializamos a un señor en el sector La Unión, en Torices, por contaminación ambiental, pues estaba rellenando el caño Juan Angola, incluso estuvo preso”.
“En el barrio El Zapatero -agregó- este año hubo una tala de manglar. Compulsamos copias a la Fiscalía para que hiciera la investigación y nosotros tenemos la nuestra”.
García Turbay destacó que “hace aproximadamente dos meses, en mi calidad de directora del Establecimiento Público Ambiental, solicité formalmente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizar la delimitación, clarificación y deslinde de todas las rondas de los cuerpos de agua de Cartagena, con esto se desestimula la invasión de las rondas, que merecen tanta protección como el cuerpo de agua mismo, y quienes hayan invadido tendrán que hacer la devolución de los respectivos lotes. Estamos esperando respuesta por parte de la ANT”.
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