“Fue horrible. Lo que se oía en las calles era llanto y gritos. ¡Se le cayó la casa a fulano!, y todos corríamos a ayudarlo a recoger sus cosas aunque cuando regresáramos ya no pudiéramos entrar a nuestras casas. En esa agonía estaba todo mi sector. Yo vivía en la manzana 20 lote 14 y corría de manzana en manzana, a donde hubiera un vecino en apuros, porque en ese tiempo todos éramos hermanos. El dolor del uno lo sentía el otro”.
Así relató Isabel María Ospino Iglesias, de 72 años, cómo se vivió en el hogar que compartía con dos de sus tres hijas, la falla geológica que tumbó varias manzanas del sector Lomas de San Francisco.
“No sé si tembló la tierra -indicó-. Lo único que recuerdo es que las paredes de las casas se empezaron a agrietar y se desprendían las baldosas de los baños y de la cocina. Incluso las calles se partían y levantaban. Comenzamos a sentir miedo”.
La mujer manifestó que desde 2010, muchas personas se vieron obligadas a abandonar la zona. Ella no lo hizo por considerar que su vivienda estaba en condiciones de resistir los movimientos del terreno, no obstante, las autoridades Distritales “le pusieron alerta amarilla. Nos quedamos hasta 2011. Salimos porque la casa no dio para más. Recuerdo que mi hija salió a una diligencia al Centro y cuando regresó ya no me encontró. Ese fue el último y más grande desastre”.
Como ella, más de mil personas resultaron afectadas. Y solo pasados más de cuatro años, el Juzgado 13 Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, dictó la sentencia por la que serían indemnizados.
“NO ES LO JUSTO”
Los daños morales y materiales que causó la falla geológica deberán ser indemnizados por el Distrito de Cartagena y el Ministerio de Vivienda, según una sentencia notificada esta semana por el mencionado Juzgado. Lea aquí (Condenan al Distrito a pagar más de $100 mil millones por caso San Francisco)
Aunque se esperaría que estuvieran dichosos, los perjudicados están insatisfechos con lo dispuesto en la sentencia de la jueza Giovanna Bonilla Mitrotti. Serían aproximadamente 25 mil millones de pesos los entregados entre quienes consideró merecedores por concepto de daño material, y 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (51 millones 640 mil pesos) por concepto de daño moral los que se pagarían a 1669 perjudicados.
Alexis Meza Ospino, hija de Isabel María, dijo que lo dictado por la jueza “no es lo justo. La sentencia la dictó de esta manera: por daños materiales, el 25%; por daños morales, el 70%, entonces argumenta que algunas viviendas no estaban en buenas condiciones para pagarlas y no es así”.
“Ella estuvo en la comunidad en 2015 -afirmó- e hizo un recorrido con líderes y miembros, en el que caminó muchas calles y entró a muchas viviendas como las de la calle Los Fundadores, que todavía están en pie, donde pueden dar fe de cómo estaban nuestras viviendas. Podía también mirar cada casa en la base de datos fotográfica y verificar si estaban en condiciones óptimas para pagarlas a buen precio”.
Meza resaltó que “soy propietaria de una de las viviendas afectadas. De esa ya no hay nada, pero mis vecinos pueden dar fe de que compré un terreno y construí mi casa. Lo inaceptable es que en el fallo me vincularon como miembro de la casa de mi mamá”.
Añadió que por esa sentencia, el pasado lunes se reunieron más de 400 damnificados en el Liceo Bolívar. Ninguno se manifestó a gusto.
Inés Naar Pautt, quien vivía en la manzana 17 lote 2 cuando ocurrió la emergencia, alegó que el fallo “es bastante insuficiente debido a que los daños morales fueron causados no solo a un titular de la familia sino a todas las personas que vivíamos ahí. Ella tasó el pago de daños morales por titular de la familia, y nosotros consideramos que afectados fuimos todos, desde los niños hasta los más grandes, entonces me parece que se quedó bastante corta en esa cuestión”.
“Muchos vecinos quedaron fuera del fallo -advirtió la líder comunitaria-. Son 4699 personas damnificadas y no todas fueron acogidas. Tenemos 357 familias de un sector de San Francisco llamado Sinaí, que no reconoció la jueza resarcirle daños ni materiales ni morales, porque considera que es otro barrio, que no hace parte de San Francisco”.
De la falla geológica, la mujer, quien ahora reside en el barrio Daniel Lemaitre, recordó que “las casas se quebraron como galletas de soda, afortunadamente mi casa estaba hecha en buenas bases y no fue afectada. Con mis dos niñas, que tenían 12 y 15 años, y mi hijo mayor, de 25 años, sufrimos al ver a nuestros vecinos correr y gritar. Fue un trauma que todavía no hemos superado”.
EL FALLO FUE APELADO
El abogado demandante Luis Correa, informó a este medio el pasado 3 de febrero que presentó un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, al considerar que “con el pronunciamiento se atenta flagrantemente contra los derechos fundamentales de la parte que representa, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso constitucional”.
Explicó que “a quienes se les reconoció resarcimiento del orden material, se le hizo en sumas ínfimas que no alcanzan ni si quiera para que puedan acceder a una vivienda de interés social, sino también de los más de tres mil afectados que fueron injustamente cercenados en sus derechos al negarles la posibilidad de acceder a reclamar su indemnización, muy a pesar de figurar como damnificados en los censos del Distrito”.
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