Luego de estar detenidos preventivamente 14 días, el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, dejó en libertad a los representantes de Aquarela, Lucas Tamayo y Claudio Restrepo y al curador urbano N° 1, Ronald Llamas, envueltos en el escándalo por irregularidades que permitieron la construcción de viviendas de interés social vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
(Lea aquí: “La medida carcelaria es un despropósito”: juez)
Ante la decisión, Tamayo, afirmó que “el juez no encontró inferencia razonable en ninguno de los tres procesos, para que hubiera una detención preventiva. Como lo mencionó el mismo juez fue un despropósito para la justicia penal tener un caso administrativo que lo llevaron al tema de la detención”.
Hoy, en una rueda de prensa, Tamayo y su abogado defensor, Felipe Pinilla, aludieron que en ningún momento han obstaculizado la justicia, y que no son un peligro para la sociedad.
La Fiscalía, quien fue la solicitante de la medida intramural para el curador y los representante legales, apelará la decisión y pasará a un juez de segunda instancia.
“Obviamente el proceso aquí no concluye, además este proceso no contraría los que están en curso, al acción popular sigue su curso al igual que la acción de nulidad y el proceso penal”, manifestó Tamayo.
Sienten que hay persecución Nacional
Según el abogado defensor de Tamayo, no encuentra razones para que las entidades hayan solicitado la detención intramular, por lo que considera, que “el Ministerio de Cultura para tratar de tapar su error de no haber expedido el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), entabla una acción popular e impulsa un proceso ante la justicia penal para sacrificar a tres empresarios”.
La obra de construcción de Aquarela, está suspendida por la orden de un juez administrativo, y en los distintos procesos han intervenido desde autoridades internacionales, hasta nacionales y locales.
“Nosotros vemos una persecución, en octubre recibimos el ataque de que no teníamos licencia, después de que eran ilegales, después el tema de la Unesco, después la Procuraduría, Fiscalía y ahora una medida de detención privativa de la libertad”, afirmó Tamayo.
Tamayo también manifestó que han pedido audiencia directamente al Mincultura y la Procuraduría para explicarles el proyecto y no los han querido atender. Adicionalmente, dijo que el juzgado Décimo lleva nueve meses estudiando la acción popular y ni siquiera los han solicitado a la primera audiencia.
“Qué confianza puede tener un particular, o el sector de la construcción que es más del 6 % del PIB, si adelantan una obra, hacen inversiones multimillonarias y se la paran por unos intereses que no son claros, cuando estaba a punto de terminar, dónde quedan los más de 900 compradores”, puntualizó Pinilla.
Las ventas del proyecto asciende a $105 mil millones a vigencia del salario mínimo 2018, y cobijaría a más de 900 familias.
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