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“El lote es propiedad privada”: dueño del terreno en La Troncal

Juan José Santaolalla Milla, propietario del predio en el barrio La Troncal, sector Buenos Aires, rompió este martes su silencio aclarando que el predio fue adquirido en "franca lid" en un largo proceso del cual tenía conocimiento la Administración Distrital.

(Lea:Vecinos de La Troncal y Buenos Aires se enfrentan al Esmad en defensa del parque

A través de su apoderado, el abogado cartagenero Alfonso Martínez, precisó que en la parte que a él compete, lleva siete años desde que se adquirieron los derechos litigiosos a Conavi-Bancolombia y que durante ese tiempo se adelantó un camino largo y dispendioso, apegado al derecho y sin el "más mínimo interés de perjudicar a nadie".

"No es una zona verde"

En primera instancia, destaca que nunca ha existido anotación alguna en el folio de matrícula inmobiliaria No.060-34231 que limite la propiedad, que diga que es zona verde o que le pertenezca a alguien diferente que a un particular.

Así mismo, precisa que la verificación y la ubicación del predio involucró desde su inicio a la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre el año 2012 (Folio de Matrícula Inmobiliaria, Anotación No.10, Embargo ejecutivo) y el 2015 (Resolución aclaratoria en que se le asignó referencia catastral).

Según explica Martínez, todas estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Oficina de Instrumentos Públicos  y ante la Alcaldía de Cartagena mediante oficio No.1132015EE1518 del 08 de mayo de 2015, resolución que quedó en firme y contra la cual no se presentó recurso alguno. Esto permitió secuestrar el bien en el año 2015.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito adjudicó el Lote de Terreno mediante remate del 14 de septiembre del año 2015, después de surtidas las formalidades de ley, dejando constancia que no se presentó oposición alguna o solicitud de nulidad al trámite realizado. La sentencia quedó en firme, es decir, se encuentra ejecutoriada, y respecto de ella no procede en este momento recurso alguno.

Ese mismo año, el 7 de diciembre de 2015,  la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos registró la Anotación No. 12 de adjudicación de remate, y una vez adjudicado, se pagaron los impuestos correspondientes en el mismo mes de octubre de 2015, siendo el primer acto de dominio, así como las otras expensas derivadas de la adquisición de un predio.

Así mismo explica que por concepto de actos de registro a la Gobernación de Bolívar, el día 15 de octubre de 2015, se canceló la suma de 17 millones 851 mil 813 pesos. A su vez, en la misma fecha, y por concepto de impuesto de registro, se pagó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, un total de 5 millones 942 mil 400 pesos.

Por otro lado, el 23 de octubre de 2015, por concepto de impuesto predial se pagaron 115 millones 398 mil 764 pesos,  y $145 millones 78 mil 304, cancelados el 29 de enero de 2016.

Dichos pagos se hicieron, como correspondía, a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Hacienda. Dicha entidad, por medio de la resolución No. AMC-RES-001350-2016 del 21 de abril de 2016, reconoció la solicitud de prescripción del  impuesto predial entre los años 2003 y 2008.

El 20 de febrero de 2017, después de resolver los diferentes requerimientos de la Alcaldía de Cartagena, el Juzgado Segundo Civil Del Circuito ordenó la entrega material del bien inmueble del cual es titular el señor Juan José Santaolalla.

La entrega material del bien se llevó a cabo el 12 de junio de 2017, sin oposición alguna, y ello se notificó el Juzgado Segundo Civil Del Circuito, por la Alcaldía de Cartagena que envió la constancia el 9 de agosto de 2017, a lo cual se le dio trámite quedando en firme lo actuado el 18 de agosto de 2017.

"El Alcalde está mal asesorado"

Santaolalla Milla señaló que las desafortunadas declaraciones del alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, el pasado 14 de octubre, incitaron a la comunidad y dieron como resultado actos de agresión contra las personas que custodian el predio. Agregó que varias personas destruyeron el cerramiento y utilizaron el predio para ingerir bebidas alcohólicas. 

Según el abogado Martínez, el actuar errático de la Alcaldía y sus funcionarios no se compadece con la actuación que se supone debe guiar la función pública, y el proceder de quienes representan el derecho y el orden legal previamente establecido. “Ha sido lamentable que funcionarios públicos se hayan prevalido de su investidura, que precisamente debe estar encaminada a preservar el derecho, e implícitamente hayan incitado a la comunidad a incurrir en actos de anarquía y de agresión verbal y física”, afirma el jurista.

“Alcaldía conocía el trámite”

Para el abogado, los funcionarios de la Alcaldía que actuaron en tal sentido podrían estar inmersos en conductas constitutivas de hechos punibles, así como en conductas que podrían además acarrearles investigaciones disciplinarias. “Esta situación se está estudiando, toda vez que se usó la institucionalidad del Distrito para coaccionar a instituciones como la Policía y a cualquier funcionario que garantizara nuestros derechos, en una clara extralimitación de funciones y un claro de abuso de poder”, señala.

Así mismo, agrega que es claro que la Alcaldía de Cartagena conocía el trámite que se estaba adelantando desde mayo del año 2015. “Tuvo conocimiento (la Administración Distrital) cuatro meses antes del remate y posterior adjudicación y nunca se hizo parte en el proceso, tampoco presentó oposición alguna, contrario a lo que afirman, sin razón y desconociendo la verdad procesal, los medios, que afirman que hasta ahora se entera de la situación”.

“¿Por qué si el terreno presuntamente pertenece al Distrito, este mismo adelantó un proceso de cobro coactivo e igualmente recibió el pago de impuestos y reconoció la prescripción en relación con algunos períodos de dicho impuesto?”, preguntan Santaolalla y Martínez.

“Entendemos el enojo y la frustración de la comunidad, lamentablemente se intentó tener acercamientos con el Distrito de Cartagena, en particular con la Secretaría de Logística, y jamás mostraron interés”, concluyen Juan José Santaolalla y su abogado Alfonso Martínez.
 

¿Qué se disputa? 

Los vecinos del barrio La Troncal levantaron su voz de protesta tras conocer el procedimiento de sellamiento que realizaron uniformados de la Policía a un predio del sector, que funciona como el parque de esta comunidad y que hoy reclama como propio un ciudadano español. 

"Este es un problema grave porque nosotros tenemos las escrituras de nuestras casas con sus linderos y en ellas aparece el parque como zona verde de nuestra comunidad por lo tanto, la Policía no puede venir a hacer entrega de este lote hasta tanto no se resuelva el recurso legal que nosotros interpusimos en el juzgado", expresó  Teresa Posada, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de La Troncal. 

Los residentes del lugar exigen al Distrito que no entregue el predio a un particular. Para ello, han organizado marchas y protestas en la Transversal 54 y en los alrededores del terreno. 

El alcalde (e) Sergio Londoño tras una visita a la comunidad manifestó que "Se han violentado bienes del Distrito y de la comunidad sin ningún tipo de autorización" y se comprometió a tomar acciones para que el parque siga siendo un espacio de goce y disfrute para sus moradores. 

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Comentarios

Equilibrio en la noticia y periodismo investigativo

La mayor parte de esta nota periodística se la dedican a los supuestos nuevos dueños del Lote.¿ por qué no entrevistan a a el abogado de la comunidad? por qué no entrevistan al Alcalde encargado ? ¿ por qué no indagan en instrumentos públicos y Agustín Coodazi ? ¿ por qué no entrevistan al urbanizador (Hector Garcia?
Señores del Universal mas equilibrio y mas investigación.

un caso mas

esto es definitivamente un caso mas de corrupcion que solo pasan en cartagena, quitandoles a los jovenes el derecho a la educacion para no tener que invertir en lo social vendemos los espacios destinados para deportes. y si fuera poco se los damos a los que por historia le quitaron todo a sur america españoles.hay que buscar a los corruptos y darles pena de muerte por vendidos accion popular

Facil

Compa eso es facil, quien era la registradora de instrumentos publicos?? Emilia Fadul, como cosa rara sucreña, quien hizo con los predios hasta para vender. Aqui esta la nota que ya nadie recuerda.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11691683

Otro caso para Ripley

Algo huele mal con este CAMPO DEPORTIVO que la comunidad reclama. Hay que recordar que muchos de los abogados son tinterillos que se prestan para maniobras non sanctas, consiguen calanchines y se apropian de lo que sea con base en denuncias o peticiones. Ojalá en este caso BRILLE la justicia.