Desvalijados. Así están casi todos los edificios que fueron evacuados a principios de año por el Distrito luego de conocerse los resultados de estudios patológicos y estructurales que aplicaron expertos de la Universidad de Cartagena y que advierten que estos inmuebles son vulnerables y que exponen la vida de decenas de familias que los habitaban, de vecinos y hasta de transeúntes.
Aunque una juez ordenó el pasado 30 de enero que la evacuación tenía que ser inminente, también le exigió al Distrito cumplir unas tareas en protección de más de un centenar de familias que fueron víctimas de las construcciones ilegales del denominado clan Quiroz, tal como vigilancia privada a los edificios mientras estén deshabitados, un segundo estudio patológico y estructural, subsidios de arrendamiento y gestiones ante las diferentes empresas de servicios públicos para congelar el pago de estos tras la situación que cobijaba a los afectados.
Ha pasado el tiempo y la preocupación no acaba para todas estas personas que evacuaron sus apartamentos y hoy se sienten “en un limbo”, como ellos mismos manifiestan. Javier Doria, apoderado de algunas víctimas, asegura que el actuar de la Alcaldía es lamentable y deja mucho para pensar, ya que contratos por más de 680 millones de pesos correspondientes para vigilancia no se han cumplido y que los edificios han sido desvalijados. Además, resaltó que el Distrito solo ha cumplido en un 40 % con el pago de los subsidios.
“La situación es que el Distrito no ha cumplido con el plan de evacuación que se impuso para atender la situación de todas las personas.
El Distrito apenas ha otorgado subsidios económicos al 40 % de las familias, es decir, solo 93 de 230 familias ha recibido algún tipo de apoyo. Además, hasta hoy la Alcaldía se ha gastado por lo menos 6.220 millones de pesos en la atención del problema y no hemos visto que haya hecho un acompañamiento psicosocial, ni que se le haya dado subsidio de arrendamiento a la totalidad de las familias afectadas; en conclusión, estas personas han sido revictimizadas por la indolencia de la administración.
“Tenemos cuenta de un contrato firmado en abril de 2018 entre el Distrito y la empresa Insep Ltda. por 680 millones de pesos para brindarle vigilancia privada a los 16 edificios y la información que tenemos de las familias que habitan estas propiedades es que en ninguno de estos se ha instalado el servicio”, manifestó Doria.
Puntualizó que de los 6.220 millones de pesos de los que tienen cuentas, solo 724 millones han sido pagados directamente a las personas por subsidios de arriendo y el resto de recursos han sido destinados para estudios, vigilancia y estudios para pagos en la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena. El abogado aseguró que aunque la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza Bernett, ha manifestado que los pagos se han hecho en los tiempos establecidos, esto es falso y que el balance que tienen de la entrega de subsidios la obtuvo tras la respuesta a un derecho de petición que le pasó al Distrito.
“Esta información es fidedigna. En efecto hay un CDP de 1.800 millones de pesos para atender los arriendos, pero a la fecha solo se han pagado 724 y con estos recursos se han atendido el 40 % de las familias”, reiteró.
Agregó que por la falta de pago, algunas familias se han devuelto a los edificios, ya que no han podido solventar las deudas con los bancos, las de servicios públicos y adicionalmente la de un arriendo mientras se define su situación.
“Hay familias que han tenido que obligatoriamente volver al edificio. Hay gente a la que le pagaron tres meses de arriendo y después de allí los subsidios se frenaron, por lo que se vieron en la tarea de volver porque no tenían cómo subsistir”.
Agregó que muchas entidades bancarias en su momento hicieron una suspensión temporal del cobro por préstamos para la adquisición de estos apartamentos; sin embargo ese término se cumplió y han vuelto a cobrarles sus obligaciones a las personas.
Riesgo latente
Doria advirtió que más allá de los subsidios y la vigilancia de estas propiedades, lo más preocupante es que la vulnerabilidad de los edificios es una amenaza para toda la ciudad y que desde Gestión del Riesgo no hay un plan de acción concreto en el caso de una emergencia como la ocurrida con el edificio Portales de Blas de Lezo II, que era levantado por los Quiroz y que acabó con la vida de 21 personas. Enfatizó que la peor parte la llevan los vecinos de estas estructuras, quienes no han sido reconocidos oficialmente como víctimas.
“Lo grave es que hasta el momento un vecino colindante ha sido reconocido como víctima de la situación. El resto de colindantes no han podido ser incluidos. Si han ignorado a las víctimas directas, imagínese ahora el panorama para los vecinos”, dijo.
Por último, manifestó que tienen la esperanza de que el nuevo alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, asuma la responsabilidad frente a este tema y oriente a la administración y a los funcionarios para que respondan por esto sin tener que revictimizar a los afectados. También contó que el colectivo de abogados que representa a las víctimas le pidieron una cita al alcalde de manera formal la semana pasada con la que esperan exponerle todas las cifras reales que recolectaron desde esta misma entidad.
Las reuniones
El Universal se comunicó con Laura Mendoza, directora de la oficina de Gestión del Riesgo, para conocer los avances en las reuniones que encabezaron representantes del Distrito con los afectados para definir ciertas situaciones, como lo son los subsidios de arriendo, pero la funcionaria no le respondió a este medio las inquietudes argumentando que continuaba en el desarrollo de estos espacios de diálogo.
Estas empezaron ayer en la localidad y dos y culminarán hoy en la localidad 3.
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