En 2004 un juzgado de Cartagena ordenó a Distriseguridad que todos los sectores del barrio 20 de Julio fueran dotados con alarmas, cámaras y un CAI móvil.
Una vez cumplido el plazo para que se ejecutaran esos trabajos, la comunidad presentó un incidente de desacato, ante la desobediencia de la entidad, recurso que tampoco surtió efecto.
El barrio 20 de Julio, que consta de más de diez sectores, hace parte de las comunidades cercanas a la zona industrial de Mamonal, donde el orden público ha tenido momentos críticos, como cuando se instauró la acción popular, tras varios asesinatos.
Por estos días, los moradores del sector Bernardo Jaramillo recordaron la existencia de la acción popular no obedecida, y dirigieron sus quejas a la reciente administración de seguridad.
En ese sentido, Astrid Urueta, una dirigente comunal de tal sector, comentó que, desde hace dos años, en el Bernardo Jaramillo se vienen incrementando el microtráfico, el atraco callejero y el asalto a residencias.
La activista cívica dijo creer que el incremento de la inseguridad tiene que ver con la cantidad de jóvenes que quedaron sin trabajo con la supresión de las rutas de busetas en esa zona y con la afluencia de venezolanos en esos sectores.
Rememoró que antes de que se instaurara la acción popular, los vecinos pagaban vigilancia privada, la cual terminó por retirarse cuando la situación de orden público se hizo insostenible.
“Fue allí cuando decidimos pedir la ayuda del Distrito, pero no nos prestaron atención, y ni siquiera la acción popular logró que nos respaldaran”, manifestó Urueta.
La oficina de Comunicaciones de Distriseguridad hizo saber que ayer se comunicó con la líder comunal, a quien le pidió la documentación en donde está consignado el proceso de la acción popular, con el fin de estudiar el caso y definir de qué manera podría cumplirse con el fallo.
No obstante, siendo ayer las 5:30 de la tarde, el documento no había llegado a ese despacho.
Comentarios ()