En Cartagena se percibe un aumento de menores de edad en las calles, en parte por la migración venezolana. Sin embargo, el Sistema de Información Misional (SIM) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solo tiene 38 procesos administrativos por restablecimiento de derechos, a corte de 31 de octubre de 2018, por motivo de ingreso situación de calle.
Pese a esto, somos el centro regional con más procesos en curso, con 126, seguidos de Meta (105) y Antioquia (91).
Aunque El Carmen de Bolívar es el municipio que puntea en Bolívar, con 58 reportes en el mismo periodo, las autoridades distritales deben enfocar más acciones para prevenir que los menores de edad terminen en condición de calle.
Ahora bien, por centros zonales los relacionan así: 2 en el de la Virgen y Turística, 8 en el Histórico y del Caribe Norte; y 28 en el Industrial y de la Bahía. También se registran 17 en el de Magangué, 9 en Turbaco, 3 en Mompox y 1 en Simití.
El reporte de la regional de Bolívar solo registra un menor de edad de nacionalidad venezolana que entró en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por situación de calle. Y está en el centro zonal Histórico y del Caribe Norte.
Aterra la cifra, pero este no es el único inconveniente con menores de edad este año sino que lo más alarmante es la violencia y/o abuso sexual infantil.
“De conformidad con el reporte del Sistema de Información Misional, se evidencia que la principal problemática tanto en Bolívar como en Cartagena, es la violencia sexual y/o abuso sexual. Por lo anterior se presentan las cifras de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que ingresaron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos, entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2018, en la regional Bolívar. Por víctima de violencia y/o abuso sexual son 366 casos”, se detalla en un informe del ICBF.
Además de esto, le sigue por motivo de ingreso omisión o negligencia, con 210 casos; situación de amenaza a la integridad con 201; situación de calle, 126; trabajo infantil, 114; violencia física, 76; y por condiciones especiales de sus cuidadores, 70.
Entre otros motivos de ingreso están: problemas de consumo de sustancias psicoactivas, conductas sexuales entre menores de 14 años, desnutrición, abandono con o sin situación de discapacidad y víctima de violencia sexual - explotación sexual comercial.
A estos se le suman inmigración, violencia psicológica, mujer en gestación o lactancia en riesgo, víctima de otros delitos, hijos de adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos, convivencia educativa, violencia intrafamiliar e hijos de padres que se encuentran privados de la libertad por orden judicial. Asimismo menor de 14 años por comisión de un delito, víctima de uso, porte, manipulación o lesión por pólvora; maltrato, violación/asalto sexual y consentimiento para adopción, entre otros.
Con todos los motivos se completan, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018, 1.419 procesos administrativos.
En Cartagena, por su parte, el mismo periodo tiene 207 procesos víctimas de violencia sexual/ abuso sexual; 87 por omisión o negligencia, 44 por condiciones especiales de cuidadores y 38 por situación de calle.
Por trabajo infantil se abrieron 19 procesos.
El registro histórico presentado por el ICBF, hasta el 31 de octubre de 2018, resalta que tienen 334 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por motivo de ingreso trabajo infantil, de los cuales 40 son atendidos en Cartagena.
Últimamente y en un recorrido por distintas avenidas y calles de la ciudad, principalmente en la avenida del Lago, plazas y parques del Centro Histórico, Getsemaní y avenida Pedro de Heredia a la altura del Pie de la Popa, se ven a niños y niñas con bolsas de dulces en las manos para vender o pidiendo dinero.
En Cartagena, el centro zonal Histórico y del Caribe Norte es el que más procesos lleva, con 39; y solo uno está en el centro zonal de la Virgen y Turístico. Nuevamente es El Carmen de Bolívar es el que puntea con las cifras, pues hay 226 procesos abiertos por esta problemática. Además hay 64 en el centro zonal de Magangué, 3 en el de Turbaco y uno en Simití, sur de Bolívar.
Para los menores de edad migrantes venezolanos el ICBF tiene igual atención, pues, teniendo en cuenta el artículo 2 de la Convención de los Derechos, los estados tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición. “Cuando un caso de niño, niña o adolescente venezolano en condición migratoria regular o irregular se pone en conocimiento del ICBF, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 1 de la Ley 1878 de 2018, y se evidencia una situación de amenaza o vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa competente debe emitir un auto de trámite ordenando la verificación de la garantía de los derechos”, explicó el instituto.
Si tras realizar la verificación de la garantía de derechos se evidencia que el menor de edad tiene derechos inobservados, de acuerdo a las leyes, la autoridad administrativa debe articularse con entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF- para que la situación sea superada. Pero si esto no sucede y se evidencia una constante amenaza o vulneración de derechos, se abrirá un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos (Pard) y sigue el trámite. En medio del Pard, la autoridad administrativa, dependiendo del caso, realiza lo siguiente:
Ubica al menor de edad en una modalidad del ICBF de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, en hogar sustituto o internado.
Si requiere atención en salud, se articula con el ente territorial para que reciba la correcta atención.
En caso de que no se encuentre estudiando, deberá solicitar un cupo ante el ente territorial, basándose en la circular conjunta entre Migración Colombia y Ministerio de Educación.
Indagar con el menor de edad la información necesaria para buscar algún familiar en Colombia, y para oficiar a entidades públicas y privadas que den información para encontrar el paradero.
Paralelo a lo anterior, indagar los motivos de la migración del niño, niña o adolescente para verificar si opta por la condición de refugiado.
Se oficia a la entidad homóloga en Venezuela para indagar por el paradero de la familia en el país de origen y que esta sea garante de derechos. Si no tiene documentos, se consulta al cónsul.
Dan aplicación al principio de no devolución en caso de que el menor de edad tenga temores fundados de regresar a su país de origen.
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