Corrupción, estancamientos en procesos administrativos y el incremento de las construcciones ilegales en Cartagena fueron los temas principales abordados en una audiencia pública que se realizó ayer en la Universidad de Cartagena y que fue liderada por Fernando Carrilllo, procurador general de la Nación.
El jefe del Ministerio Público se refirió a la interinidad que atraviesa la ciudad y al caso del desplome del edificio de Blas de Lezo II, que cobró la vida de 21 personas. Carrillo aseveró que la Procuraduría continuará realizando investigaciones para respaldar a las víctimas, pues considera que Cartagena es una ciudad que le duele a todo el país.
“La función de la Procuraduría no es solo sancionar a los funcionarios públicos, es prevenir el daño, es hacerle seguimiento a las políticas, es pedir que en los desarrollos urbanísticos de esta ciudad haya normatización y cuidado de las autoridades para evitar los hechos que se presentaron hace tres meses y que han llevado a esta interinidad que tiene que terminar”, dijo carrillo.
Ante el Tribunal
El funcionario aseguró que junto con los procuradores delegados están iniciando cinco acciones judiciales que han sido fundamentales, y que le solicitó al Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de una acción popular, que tome cartas en el asunto respecto a la normalización de los desarrollos urbanísticos con base a los descubrimientos hechos por el Ministerio Público, la Fiscalía, la ciudadanía en general y de los mismos medios de comunicación.
“Hemos interpuesto unas tutelas que están marchando, con las que buscamos defender los derechos a la salud y al trabajo de las víctimas y damnificados. No estamos satisfechos con el trabajo en general del trabajo de las procuraduría provinciales y regionales. Sabemos que hay un estancamiento de los procesos y eso hay que pararlo”, dijo.
Por último, Carrillo dejó claro que las acciones de la Procuraduría no se tratan de una persecución en particular y que por el contrario, Cartagena debe dejar a un lado la sensación de interinidad.
“Aquí no se trata de una persecución contra nadie, se trata de la defensa de los intereses de los ciudadanos. Esta ciudad debe dejar a un lado la sensación de interinidad, teniendo en cuenta que faltan 42 días para la llegada del papa Francisco”, concluyó.
El Procurador también manifestó que rechaza el beneficio de la casa por cárcel para Wilfran Quiroz, dueño de la construcción Portales de Blas de Lezo II.
“Hay una acción penal en contra de los hermanos Quiroz y que tiene que dar resultados. Es inaceptable que la detención domiciliaria opere en el caso de personas que hayan incurrido en actos de corrupción. La Procuraduría no ha aceptado este tipo de medidas y en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso por el gobierno nacional vamos coadyuvar a través de nuestros procuradores judiciales trataremos que este tipo de beneficios no estén aptos para los corruptos”, dijo.
