Empezó otra historia alrededor del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar y esta vez por cuenta del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien anunció que se inició una investigación en contra de tres funcionarios que otorgaron licencias y certificaciones a los constructores de este proyecto, el cual afecta a un Bien de Interés Cultural (BIC) como lo es el Castillo de San Felipe. (Lea aquí: Abren investigación contra 3 funcionarios en Cartagena por edificio Aquarela)
Carrillo Flórez aseguró que con esto se definirán cuáles fueron estos actos administrativos que dieron pie a la construcción de una primera torre de 25 pisos, obra que está suspendida por orden de una juez y de una inspección de Policía de la Comuna 2.
“El procurador Provincial de Cartagena inició la semana pasada un proceso de investigación disciplinaria formal en contra de tres funcionarios distritales de la época: el Curador Urbano N.1, Ronald Llamas Bustos; el gerente del Fondo de Vivienda y Reforma Urbana (Corvivienda), y el jefe de la división de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
“La razón de ser de esta investigación es que estamos indagando respecto a la legalidad de los permisos, las licencias y los actos administrativos que permitieron la construcción del edificio Aquarela, hoy en disputa y que está atentando contra la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Cartagena”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
Agregó que se está en proceso de oficiar a las diferentes entidades involucradas. “Estamos iniciando ese proceso porque estamos convencidos que hay que defender la integridad del Patrimonio Cultural de Cartagena como lo hemos hecho desde el primer momento y queremos definir quiénes fueron los responsables y por qué se expidieron estos actos administrativos”, agregó.
Curaduría Urbana No. 1
El primero de los funcionarios señalados por el procurador es Ronald Llamas Bustos, curador Urbano No. 1.
Llamas Bustos otorgó una primera licencia para la torre 1 del proyecto bajo la Resolución 0595 del 28 de diciembre de 2015; una segunda licencia para la torre 2, la cual fue otorgada a través de la Resolución 0486 del 23 de septiembre de 2016. También autorizó licencias para las torres 3 y 4 bajo la Resolución 0611 del 2 de diciembre de 2016 y la última licencia para la torre 5 y un bloque de parqueaderos que avaló con la Resolución 0363 del 28 de julio de 2017.
El Universal se comunicó con Llamas Bustos, quien manifestó que todas estas licencias se otorgaron bajo estricto cumplimiento de la ley. “El procurador tiene todo el derecho de abrir las investigaciones que sean convenientes para esclarecer el tema administrativo (...) El proyecto está cumpliendo con todas las directrices que la ley otorga, ya que hay una circular del 10 de diciembre del 2013 que reglamenta las Viviendas de Interés Social (VIS) en la ciudad, el cual complementó el Acuerdo 0333 del 2007, que contenía la normativa de las VIS en la ciudad”, manifestó Llamas, quien agregó que el proyecto Aquarela no estaba en las áreas de influencia del Castillo de San Felipe, ni del Centro y reiteró que este no afectaba las visuales.
Corvivienda
Otro funcionario investigado sería Luis Alberto Vélez Carrasquilla, quien fungió como gerente encargado de Corvivienda y quien certificó el 28 de abril del 2015 que el proyecto cumplía con el valor para catalogarse como Vivienda de Interés Social (VIS).
Cabe resaltar que dos años después, ocupando William García Tirado el rol de gerente de Corvivienda y por medio de la Resolución 082 del 28 de febrero de 2017, volvió a certificar el proyecto en la categoría VIS.
En conversación con este medio, García Tirado manifestó que esta certificación se dio porque Aquarela ya contaba con licencias y el visto bueno de un exgerente de Corvivienda.
“En el 2015 Corvivienda entregó la certificación de una parte del proyecto, luego sacaron la licencia y después tramitaron el Certivis. Cabe aclarar que el Certivis no es para la licencia, sino para unas prerrogativas tributarias que devuelven el IVA”, señaló.
IPCC
El 4 de mayo de 2015, Alfonso Cabrera Cruz, jefe de la división de patrimonio cultural del IPCC, constató que un inmueble en la manzana 186 de Torices, y donde se levantaría el proyecto de Aquarela, no estaba en el área de influencia del Castillo de San Felipe, razón por la cual la Procuraduría también lo incluiría en la lista de investigados.
El Universal intentó contactar a Cabrera Cruz, quien a través de un comunicado de prensa manifestó que se abstenía de cualquier pronunciamiento.
“Por encontrarme en el proceso en etapa de investigaciones y con el fin de no afectar el debido proceso y mi derecho a la defensa y contradicción, me abstendré de pronunciarme sobre el tema al público en general, por lo tanto, solo me pronunciaré dentro de las etapas procesales que haya lugar en el marco de dicha investigación”, dijo.
Audiencia judicial
En el Juzgado décimo se realizará mañana la audiencia de pacto de cumplimiento en el caso Aquarela en el que participarán el Ministerio de Cultura, Alcaldía, Secretaría de Planeación, Curaduría Urbana, compradores y constructores.
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