Luego de un largo pleito jurídico para que las autoridades demolieran 222 metros cuadrados de la Clínica La Ermita, en el Pie de La Popa, por no acatar las normas urbanísticas y realizar trabajos de construcción que no estaban dentro de la licencia otorgada, la Inspección de Policía N°1 ordenó dicha diligencia.
La demolición, que había sido decretada desde el 16 de diciembre de 2014 por la Alcaldía de la Localidad Uno: Histórica y del Caribe Norte, mediante la Resolución #8731, está programada para el próximo viernes 4 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Se derribaría del tercer al sexto piso.
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Así lo notificó dicha Inspección, el pasado 14 de julio, a la Secretaría de Planeación a través de un oficio en el que solicita la ayuda de "un ingeniero que determine la zona a demoler". Para dar cumplimiento a lo solicitado fue asignada Luisa Aparicio, según indicó en una misiva el jefe de esa cartera Leopoldo Villadiego Coneo.
La autoridad de policía también comunicó a la Alcaldesa de la Localidad, Yolanda Wong Baldiris, pidiendo personal obrero demoledor con manejo de altura y herramientas como cortadoras de concreto, monas, mallas de protección y todo lo necesario para realizar la demolición parcial de la obra construida por Joaquín Arturo Piñeros Castillo, propietario y representante legal de Inversiones J.J.A. y CIA.
Pacientes serán trasladados
Ante la orden de demolición, en un oficio, con fecha del 18 de julio de este año, el director Operativo de Vigilancia y Control del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Alberto Pereira Llamas, pide a la IPS Clínica La Ermita que programe e inicie el requerimiento de todos los pacientes que se encuentran en esa institución.
"Esto en atención al comunicado recibido por esta Secretaría de Salud, en fecha del 14 de julio de 2017, en la que la Inspección de Policía N° 1 nos notifica la diligencia de demolición del inmueble en el que funciona la clínica de propiedad de Inversiones JJA y CIA", señala un aparte de la misiva.
¿Qué dice la Clínica?
ElUniversal.com.co intentó contactar al representante legal de la IPS, Joaquín Arturo Piñeres Castillo, para conocer su posición frente a la orden de demolición pero no contestó nuestras llamadas.
Datos
Ante las denuncias y acciones legales interpuestas por Jaison Acuña Peinado, propietario de una de las tres casas del Conjunto Residencial Los Guayacanes afectadas con dicha construcción, el 3 de julio de 2014 la obra fue suspendida por no tener el lleno de requisitos legales. Meses después, en diciembre del mismo año, se expidió la Resolución #8731 en la que se ordenó le demolición y se imponía una sanción de 64 millones 468 mil pesos.
Pero pese a la orden expresa de suspensión, la obra se concluyó violando la licencia de construcción otorgada, de acuerdo con el fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito.
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