La Dijín capturó a cinco exfuncionarios del Distrito por supuestas irregularidades en un contrato interadministrativo firmado en 2011, entre la Alcaldía Local 1 y Edurbe.
Ante el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Garantía, los tres funcionarios y dos exservidores del Distrito capturados por la Dijín, negaron ser culpables de los cargos imputados por la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, los sindicados participaron por acción u omisión en la firma, realización y liquidación de un contrato interadministrativo entre la Alcaldía Local 1 y la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe). Los hechos ocurrieron entre el 2011 y el 2015.
Amaury Lora y Mauricio Betancourt, ex alcaldes de la Localidad 1, Alfonso Echeverría y Boris Burgos, interventores del contrato y Ramón Expósito Vélez, gerente de Edurbe fueron acusados de peculado por apropiación.
Además, Betancourt, Lora y Expósito fueron señalados por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el último de estos también enfrenta el cargo de abuso de autoridad por omisión de denuncia.
A los interventores Burgos y Echeverría también se les imputó el delito de prevaricato por omisión.
Contra Augusto Mainero, gerente de Edurbe en la fecha en la que se suscribió el contrato (junio de 2011), hay una orden de captura vigente.
El juez a cargo destacó que los sindicados podrán pagar una pena de hasta 14 años y cinco meses en prisión, que pudo ser disminuida en un 50% si hubieran aceptados los delitos imputados.
Sobre el contrato
Según lo argumentado por la Fiscal a cargo, el contrato que involucra a los sindicados fue suscrito en 2011, para realizar 32 obras de reparación en algunos barrios como San Francisco, Pablo Sexto, Las Brisas, Paraíso Segundo, El Bosque, Juan XXIII, entre otros.
Sin embargo, solo 15 obras se ejecutaron, 10 se suspendieron, dos se anularon y cinco nunca se realizaron.
La Fiscal indicó que el contrato se suspendió en dos ocasiones, se añadió término de ejecución y finalmente se liquidó en marzo del año pasado, cuando se acordó que Edurbe devolvería al Distrito $723 millones, correspondiente a las obras no realizada, esto en un plazo de cinco años y sin indexar.
Frente a estos hechos, la Fiscalía considera que los involucrados incurrieron en un detrimento patrimonial del Distrito en unas sucesivas acciones que serían ilegales desde los estudios previos del contrato.
Algunas de las irregularidades son: la entrega de un anticipo del 100% de las obras, condición que es ilegal; la contratación de Edurbe, de manera directa, sin licitación pública y la contratación de terceros para ejecutar las obras.
La Fiscal cuestionó la omisión de varios de los involucrados, que ejercieron su cargo después de la firma del contrato, pues si bien no ejecutaron la acción, tampoco denunciaron estas irregularidades ante los entes de control, ni las expresaron en las indagatorias a las que algunos fueron llamados durante la investigación.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía aún no había solicitado la medida cautelar contra los detenidos.
Errata: en esta nota habíamos dicho inicialmente que Andrés Betancourt fue acusado, cuando debimos decir Mauricio Betancourt. Ofrecemos nuestras disculpas por este error.
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