El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena impuso una pena de 5 años de prisión y multa de 64 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra del exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra.
Para este fallo, el juez tomó en cuenta la petición de un fiscal de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, quien consideró que el exrector cometió actos ilegales al contratar varias obras.
La misma sentencia cobijó a Amparo Álvarez de Franco, exgerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena (Corvivienda), y a Édgar de Jesús Mateus Hernández, exdirector del Establecimiento Público Ambiental (EPA); quienes fueron llamados a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
Los antes mencionados, contrataron con la Universidad de Cartagena varias obras civiles y la construcción de casas de interés social por la suma de $4.200.000.000 a través de convenios interadministrativos celebrados en el 2004, en los cuales se determinó la existencia de irregularidades de tipo sustancial al celebrar estos contratos.
A los procesados se les negó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se les concedió la prisión domiciliaria.
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