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Fallo obliga al Distrito a atender a desplazados en Arroyo de Piedra

El Distrito de Cartagena deberá amparar los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, vivienda y atención especial de niños, niñas y mujeres embarazadas de una comunidad de desplazados, asentados en cambuches en la carretera principal de la vereda La Púa del corregimiento Arroyo de Piedra.

Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Bolívar después de fallar a favor de la Defensoría del Pueblo, en representación de estas 38 familias, que fueron desplazadas de sus lugares de origen hace 15 años.

Desde entonces se fueron asentando en un terreno baldío de la Vereda La Púa y posteriormente, en mayo de 2012, se inscribieron como Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Púa 2 – El Mango, a lo que le siguió un proceso de titulación colectiva.

Pese a ello la Defensoría Regional indicó que en mayo de 2013 estas familias fueron desalojadas por el inspector de Policía de Arroyo de Piedra en el marco de una orden emitida dentro de un proceso policivo, instaurado por la sociedad DESANORTE S.A.

Luego del desalojo las familias obtuvieron posada donde algunos vecinos y luego ocuparon una zona cercana al lugar donde habían habitado previamente.

Sin embargo, la relativa calma duró hasta la mañana del 11 de abril de este año cuando hombres armados irrumpieron en el lugar, los despojaron y quemaron sus chozas, huyendo minutos antes de que llegara la Policía. Ese mismo día el Comandante de Policía de Arroyo de Piedra los desalojó oficialmente sin exhibir una orden de la autoridad competente.

Desde entonces estas familias habitan en cambuches a un lado de la vía. Las condiciones de vida son precarias y no poseen los recursos para satisfacer las necesidades básicas. Las enfermedades no han demorado en aparecer y los niños ya tienen rasquiñas, brotes, gripe y riesgo nutricional pues solo comen una vez al día.

Según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en reiteradas ocasiones le ha solicitado a la Alcaldía que brinde la atención que requiere la población desalojada, pero solo han obtenido ayudas pírricas.

El fallo proferido por el Tribunal Administrativo cobija a las familias inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) como desplazadas, y a aquellos que si bien no están incluidos, son víctimas de ese flagelo y pueden ser incluidas en los términos previstos.

En ese sentido, el fallo obliga al alcalde Dionisio Vélez, entre otras cosas, a suministrar diariamente agua potable a esta comunidad mientras se les reubica en albergues dignos. Asimismo a ofrecer protección a los afectados a través de la Policía. También tendrá que incluir a los desalojados en el régimen subsidiario y por último, a informar por escrito a estos cuáles son las políticas públicas destinadas a garantizar  el acceso a una unidad de vivienda de interés social.

El fallo obliga de igual forma al ICBF a dar asistencia alimentaria semanalmente a los menores y a las mujeres embarazadas que hacen parte de esa comunidad vulnerable.

 

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