Un fallo de primera instancia de la Juez Segunda Laboral del Circuito de Cartagena, ordena al centro comercial Paseo de La Castellana, el pago de seguridad social y prestaciones sociales a varios de los oferentes y prestadores de servicios de vigilancia en los parqueaderos de su centro.
La Juez Segunda Laboral determinó que los demandantes Miguel Cañate, Arnulfo Paternina y Jorge Pedroza, quienes desde hace más de 10 años, decidieron dedicarse a cuidar los carros de visitantes y consumidores del centro comercial Paseo de La Castellana, tenían iguales derechos que un empleado contratado directamente por el Centro Comercial.
En la decisión judicial, la juez reconoce que el centro comercial debe realizar el pago de las prestaciones sociales como cesantías, primas de servicio, intereses de cesantías, a las que tienen derecho estos trabajadores incluyendo la compensación de vacaciones no disfrutadas por ellos durante el tiempo de la prestación de los servicios de vigilancia.
Según la juez, en aplicación del artículo 22 de la ley 100 de 1993, siendo “la demandada (centro comercial), está obligada además a reconocer a los demandantes los aportes a la seguridad social, salud, a la totalidad de los demandantes en toda la vigencia del contrato que en principio fue de arrendamiento calculada sobre el salario mínimo mensual vigente”.
La togada así mismo, ordena al Centro Comercial, que restituya a los demandantes las sumas recibidas durante varios años, por concepto de los contratos de arrendamiento celebrados con los cuidadores de carros. La juez considera en su fallo, que se trató de un “contrato de arriendo simulado, pues los demandantes no son verdaderos comerciantes sino trabajadores al servicio del centro comercial".
EL CASO
La batalla jurídica entre el Paseo de La Castellana y los declarados trabajadores de los parqueaderos arrancó en abril de 2017, cuando el centro comercial decidió iniciar la instalación e implementación de tecnologías para unos sistemas de recaudo directo en sus zonas de parqueo.
Carlos Velazco, presidente del Sindicato de Trabajadores de Parqueadero Castellana, Sintraparca, contó a este medio que tras ser avisados de estos cambios sentaron su voz de protesta ya que la administración prescindiría de los servicios que habían venido prestando a usuarios y visitantes durante varios años.
“En abril de 2017 nos llaman y nos solicitan firmar un papel que señalaba que debíamos salir del centro comercial porque iban a arrancar el montaje de las máquinas de recaudo. Hecho con el que no estuvimos de acuerdo porque tenemos muchos años trabajando para ellos y no considerábamos justa nuestra salida”, contó Velazco.
Velazco junto al resto de sus demás compañeros, 29 en total, mantenían un contrato de arrendamiento con este centro comercial. Ellos recibían pagos directos de los clientes por concepto de propinas, y estos a su vez, cancelaban al establecimiento comercial una tarifa por concepto de canon de arrendamiento.
“Yo voy a cumplir 17 años en la Castellana y no me parece justo salir porque sí", añade.
Los abogados del centro comercial apelaron la decisión y se espera que el Tribunal Administrativo de Bolívar sea el que tome una decisión de fondo y definitiva sobre el caso. Será el Tribunal en su Sala Laboral, el que confirme o revoque el fallo.
Comentarios ()