Hace 23 años, lo que hoy es el hogar de Javier Lara Flores y tres de sus cuatro hijos funcionaba como un próspero kiosco donde se vendían, como es costumbre en algunos barrios de la Heroica, mecatos y refrescos. Era administrado por Lenis María Flores Monroy, madre de Javier, y a pesar de algunos contratiempos típicos del oficio, todo parecía transcurrir en completa normalidad. Sin embargo, una serie de eventos provocaron que la historia de esta familia tomara un rumbo distinto.
18 años atrás, tras el fallecimiento de la señora Lenis, el barrio El Campestre fue testigo del decaimiento del negocio y, con él, el de la calidad de vida de aquella familia compuesta, en aquella época, por Javier, Esmeralda Serpa, su esposa, y sus cuatro hijos: Katerine, Jesús, Michell y Wendy.
La crítica situación económica y la adicción a las drogas que Javier padecía precipitó la separación de la familia, por lo que Esmeralda y sus hijos se vieron obligados a refugiarse en Montecristo, Bolívar. Sin embargo, la situación de violencia en aquellas zonas del departamento los obligó a retornar unos años después a la ciudad, y con ello al kiosco cada vez más deteriorado en el que permanecieron Javier y su adicción.
“Recuerdo que esa época fue horrible. Yo estaba muy pequeña pero recuerdo que nos tocó regresarnos corriendo porque las balas iban y venían”, relató la hija mayor de Javier, Katerine.
Hoy, luego de casi dos décadas de vivir en tan precaria situación, Javier asegura ser un hombre nuevo, creyente en Dios y preparado para iniciar una nueva vida de la mano de sus hijos y nietos, en una casa digna, donde no tenga que preocuparse por asuntos tan insignificantes.
Javier y sus hijos esperan que pronto el Distrito les ayude a solucionar su problema de vivienda.
“Tengo que hablar con la verdad, mi inodoro es la cuneta”, dijo Javier Lara.
Al estar cerca a un caño, la calidad de vida de la familia Lara se ve comprometida, especialmente en la época de invierno, cuando el desbordamiento del caño deja inhabitable el hogar improvisado de Javier y su familia.
Es un hecho que el kiosco está en espacio público, lo cual advierte sobre los encargados de encontrarle una solución al caso de la familia Lara.
El Universal conversó con el alcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía, quien señaló que “la Administración ha sido permisiva con este señor, pues han sido 23 años ocupando un espacio público sin que se hayan tomado medidas al respecto”. Aclara que la responsabilidad de su cargo llega solo hasta la veeduría, aunque asegura que en varias ocasiones se ha dado solución, en compañía de la Gerencia de Espacio Público, a situaciones parecidas.
Por su parte, Adelfo Doria Franco, gerente de Espacio Público, señala que desde su oficina se tiene especial prioridad, atendiendo a la política de comercio informal, en los casos de invasión de espacio público en zonas de alto tránsito.
Señaló también que “esa zona de la ciudad no está dentro de las prioridades en este momento”.
“En el caso de este señor lo que se puede recurrir es a la restitución de un bien de espacio público a través de una recuperación administrativa, pero no se le puede dar el mismo trato que a los vendedores informales del centro” concluyó Doria, quien resaltó el papel importante que podría tener en esta situación el Fondo de interés Social y Reforma Urbana Distrital, Corvivienda.
La directora de ese ente, Carmen García Bielsa, aseguró que por la complejidad del caso de la familia Lara cabe la posibilidad de que se tenga en cuenta para incluirla en algunos de los macroproyectos que se adelantan en la ciudad.
Sin embargo, aclara que como Javier Lara y su familia, hay miles de casos en Cartagena. Por lo tanto no “se pueden generar expectativas apresuradas”. Agregó que para priorizarlos, los Lara deberán demostrar su condición especial de vulnerabilidad.
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