“En Venezuela era feliz”, lamentó José Domingo Jaramillo Madera, uno de los colombianos que abandonó ese país cuando estalló la crisis fronteriza.
Este hombre, de 35 años, oriundo del municipio de San Marcos (Sucre), residía desde el año 2000 en Maracaibo (Venezuela), a donde inicialmente se trasladó para acompañar a una hermana. “Allá conseguí compañera y tuve tres hijos, pero me sonaba venir a Colombia por los problemas de escasez e inflación que hay allá”, dijo.
No obstante postergó esta decisión hasta finales del pasado mes de agosto, cuando el presidente venezolano decretó el estado de excepción en varios municipios del estado de Táchira, zona de frontera con Colombia.
“Cuando comenzaron a botar a los colombianos, el presidente Santos anunció que quienes quisieran retornar a su país voluntariamente o fueran deportados iban a tener ayudas, que había puestos de trabajo, subsidios de arriendo de vivienda; dije yo me voy, pues mi residencia por 10 años se venció en 2014”, relató Jaramillo.
Precisó que “mi hija mayor se quedó y me traje a mi esposa e hijos de 15 y 13 años, que estaban estudiando. Nos censamos en Paraguachón. Tuvimos la fortuna de que el día que llegamos estaban censando allí, porque eso fue solo por tres o cuatro días. No sé cómo se registraron las otras personas que se vinieron voluntariamente”.
SIN AYUDAS
Jaramillo sostiene que hasta la fecha no ha recibido ni una de las ayudas que ofreció el Gobierno. “Estoy arrimado en casa de una cuñada, mis niños están sin hacer nada y me preocupa que va a llegar el otro año escolar y aquí tienen cero futuro”.
Señaló: “Mi esposa y yo no hemos podido ubicarnos en ningún trabajo, y no es porque yo sea un achantado. En Venezuela trabajé operando maquinarias y como vendedor ambulante; me iba bien”.
En busca de ayuda, Jaramillo contó que “fui a la Defensoría del Pueblo y pregunté por el censo que me hicieron allí (...) me dijeron que la ayuda es una capacitación en el Sena, y si el Sena me queda lejos, ¿cómo hago para los pasajes? Nuestra condición no está para recibir eso”.
Anotó que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “me van a hacer el contrato para un subsidio de arrendamiento por tres meses, pero pregunté cuánto tarda eso y dicen que los papeles se van para Bogotá y no se sabe cuándo los aprueben”.
El hombre agregó que “necesitamos que el Gobierno cumpla con su palabra. En la Defensoría he conocido a unas 150 personas que tampoco han recibido ayudas”.
QUIÉN RESPONDE
El Universal conoció que, a través de oficios, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Alcaldía de Cartagena asegurar los derechos fundamentales de las personas deportadas o retornadas de Venezuela. Al menos 130 expedientes con las necesidades particulares de cada familia habrían sido enviados.
El Distrito informó que esta información es remitida a Migración Colombia para que la verifique y haga la gestión pertinente en la UNGRD.
No obstante, este medio confirmó que para dar solución inmediata a demandas en salud y educación, Alcaldía y Defensoría se reunirán en el transcurso de esta semana.
Comentarios ()