Ayer se conoció que por medio de una decisión de la Unidad de Fiscalía Delegadas ante el Tribunal de Cartagena, despacho tercero, se había devuelto el sector conocido como La Puntilla en Barú a los herederos de Amalia Julio Imitola. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aclara a medios radiales (W Radio y RCN Radio) que se trata de una medida cautelar, mas no de algo definitivo.
“Yo lo que creo que hizo el fiscal fue que tomar medida preventiva, bloquear seguramente todos los fondos porque la decisión sobre esos terrenos la debe tomar un juez de la República, en este caso el Tribunal de Cartagena, que es el que tiene competencia”, dijo el supernotariado en entrevista radial.
“El problema viene de la liquidación de una corporación de turismo que existía anteriormente y por eso los títulos pasan a Fonade. La decisión de todo el tema de Barú, no solo de La puntilla, es bastante complicado. Esta discusión viene desde hace más de 100 años”.
El supernotariado agregó que basándose en los títulos “hoy eso es de Fonade, pero lo que se está estudiando ahora, es si hay alguna irregularidad y esa investigación debe hacerla la Fiscalía”.
TERRENOS SON DE FONADE
Sobre estos hechos también se pronunció el industrial Gabriel Echavarría, conocedor de los terrenos en mención, quien dijo que los predios en disputa son de Fonade y hay otras personas que quieren apoderarse de ellos.
“Es increíble que un fiscal le diga a un Alcalde que no puede reclamar terrenos del Estado”, dijo Echavarría a W Radio.
Agregó que “estos terrenos eran propiedad de Fonade y el Estado no ha sido capaz de defenderlos (…). Lo que hay es un cartel que tiene 8 o 9 abogados, que no son nativos, y buscan apoderarse de tierras. Lo que pretenden es recuperar el lote para entregárselo a un tercero”.
Sobre estos hechos Fonade también se pronunció a través de un comunicado.
Comunicado Fonade
Fonade se permite informar a la opinión pública en relación con la decisión de la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena lo siguiente:
-Todos los bienes de propiedad de Fonade ubicados en la Isla de Barú, aportados a la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S para el desarrollo de un proyecto turístico, tienen su cadena de tradición con estricto ajuste a la legalidad y Fonade era, en el momento de la transferencia, el legítimo propietario de los inmuebles, inscrito en pleno dominio en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes.
-Cuando la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fonade adelantaron procedimientos para recuperar bienes fiscales del Estado ilegalmente ocupados, lo hicieron con el lleno de todos los requisitos legales y al amparo de las normas vigentes y con el respeto de todas las garantías del debido proceso de los ocupantes ilegales, así lo dan cuenta más de veinte (20) decisiones judiciales en firme.
- Los bienes de propiedad de la Nación, hoy aportados a la sociedad Playa Blanca Baru S.A.S, tenían la naturaleza de bienes fiscales imprescriptibles, por lo tanto, nadie podía detentar derechos como poseedor en los referidos predios.
- La decisión de la Fiscalía – Seccional Cartagena, que no ha sido formalmente notificada a esta entidad, es una medida de carácter provisional, a la que la ley concede los recursos en defensa de los afectados. Se trata de un proceso penal en contra de los alcaldes menores de Cartagena que ordenaron las restituciones y que actuaron conforme a la ey.
Las anteriores decisiones de la Fiscalía son respetadas por Fonade, pero no compartidas, razón por la cual accederá a todas las vías legales para defender sus derechos en calidad de tercero interesado, y explicar la legalidad del trámite que en su momento promovió la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONADE.
-Es importante resaltar que este fallo de la seccional de Cartagena desconoce otras providencias de la misma Fiscalía General De La Nación y otros actos administrativos en firme que han reconocido la propiedad de Fonade sobre los terrenos.
Fonade, con el acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica Del Estado, adelantaran todas las acciones que estén a su alcance para aclarar, defender y salvaguardar los terrenos frente a los cuales se ha producido la orden de restablecer el derecho a los ocupantes ilegales, de manera que el patrimonio público no se vea afectado.
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