La hija menor del rey de España, imputada en caso de corrupción

La infanta Cristina, hija del rey de España, fue imputada en la investigación por presunta corrupción abierta contra su marido, Iñaki Urdangarin, llevando al corazón de la familia real un escándalo que daña gravemente la popularidad de la monarquía española. Subrayando su “máximo respecto por las decisiones judiciales”, la Casa Real manifestó “su sorpresa” con la decisión del magistrado, quien en marzo de 2012 había desestimado imputar a la infanta. 
Cristina, de 47 años, está llamada a declarar el 27 de abril por un delito de tráfico de influencias ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, instructor del denominado “caso Nóos” que implica desde 2011 a su marido.  
Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano y ahora Duque de Palma, es sospechoso, al igual que su exsocio Diego Torres, de haber desviado millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006. 
Tras su imputación, la Casa Real había multiplicado los cortafuegos, excluyendo al yerno del rey de los actos públicos y eliminando su perfil de la web oficial. El propio Juan Carlos dejó claro en su mensaje de Navidad de 2011 que “la justicia es igual para todos”. 
La imputación de la hija del rey –que implica una investigación judicial que podría desembocar o no en una inculpación– tiene lugar después de que su nombre apareciese en antiguos correos electrónicos desempolvados por Torres.
Enfrentado con Urdangarin desde que comenzó la investigación, este facilitó al juez varios paquetes con decenas de comunicaciones, el último de los cuales buscaba demostrar, según la prensa, que el propio rey conocía y respaldaba los negocios de su yerno. 
Para Castro, “todo parece indicar que estaba consensuado que la única función” de la infanta “era la de una utilitarista figuración”, es decir que su presencia permitía utilizar su título real como baza en las negociaciones entre Nóos y “las empresas e instituciones públicas”. 
El magistrado considera que si dicha utilización era consentida “podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos” por Urdangarin y Torres, “o, cuanto menos, de complicidad”.