Farándula


“Vamos a probar que lo asesinaron”: De la Espriella

ANDRÉS PINZÓN SINUCO

26 de julio de 2012 12:01 AM

Con pruebas documentales, testimoniales, e informes médicos avanzan los procesos jurídicos, penales y civiles, en contra de Jacqueline Ramón, viuda de Joe Arroyo, y de Luis Ojeda, quien fuera su representante artístico. El abogado Abelardo de la Espriella, quien representa los intereses de las hijas Eikol y Nayalibe Arroyo Alonso, y los de Adela Arroyo Martelo, hija de un primer matrimonio, explicó a El Universal que por tratarse de una denuncia de homicidio preterintencional “la investigación es mucho más exigente”, razón por la cual asegura que se están cumpliendo los términos para entregar a la Fiscalía el material probatorio, pues además están en curso también dos denuncias por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, e inasistencia alimentaria.
De la Espriella asegura que el caso “va bien, hemos ido practicando las pruebas pero el material es contundente... La justicia en este país cojea pero llega, es lamentable que Jaqueline Ramón lo haya alejado (al Joe) de sus hijas y pretenda apoderarse de todo su legado”.
Agregó con vehemencia que “la justicia se demora pero vamos a probar que Jacqueline Ramón y Luis Ojeda asesinaron a Joe Arroyo”.
Las pruebas, asegura, dan cuenta de que a pesar que de que los denunciados conocían el estado de salud del maestro Joe Arroyo, lo sometieron a extenuantes jornadas de trabajo y además de eso le suministraban licor y otro tipo de sustancias.

Proceso civil
Por su parte, el abogado y socio de De la Espriella, Gustavo Alemán, encargado de la sucesión del artista fallecido hace un año, advierte que el proceso civil está en la etapa de inventarios y avalúos.
“El abogado, Alait Freja, de Jacqueline Ramón dijo que no había nada que pudiera ser de la sociedad conyugal, yo he hecho una relación de bienes porque a nuestro modo de ver el apartamento de Jacqueline, con sus dos garajes, lo adquirió en 2003 cuando ya era pareja de él, y ella por simple lealtad debería colocar el bien en la sociedad”.
Alemán explica que cuando se abrió la sucesión de Joe se investigó la existencia de bienes, pero no se encontró “nada que sea económicamente tan significativo”, en cambio sí se obtuvo el embargo de los derechos económicos producidos por sus obras musicales.
Así mismo, los apoderados de los intereses de las hijas del cantante, lograron el embargo de las acciones de Jacqueline Ramón en ‘Joesón Music’, empresa que recibe todas las regalías del legado musical.
Llamó la atención de Alemán el hecho de que esta compañía fue creada por Arroyo y Ramón, pero de las 20 mil acciones el cantante sólo tenía mil, las cuales después cedió a la hermana de Jacqueline.
Con respecto a ‘Joesón’, cuando las hijas sean accionistas de la sociedad tendrán que solicitar la rendición de cuentas de la firma, porque no hay libros registrados ante la Cámara de Comercio, es decir se desconoce todo lo que se ha hecho y es la empresa que recibe todo del Joe”.

Contradenuncias
Cabe aclarar que las denuncias no se han hecho en una sola dirección, pues quien fuera el abogado Jacqueline Ramón, Arcadio Martínez Pumarejo, interpuso una denuncia penal contra el abogado Abelardo De la Espriella, Mary Luz Alonso y sus hijas con Joe Arroyo, por los presuntos delitos de injuria, calumnia y difamación del buen nombre de la señora Jacqueline.
Respecto de esa denuncia, De la Espriella aseguró que ese proceso “no llegó a ningún lado, es más, la señora Jacqueline cambió de abogado”.
Frente a la denuncia penal por inasistencia alimentaria contra la señora Jacqueline, aclaró que si bien ella no tenía la obligación legal de atender este requerimiento de la manutención de las hijas del maestro, “sí hizo todo lo posible, en calidad de interviniente en ese delito para evitar que se cancelaran las mesadas que por mandato judicial se había asignado a sus hijas”.
En definitiva, la Fiscalía será la encargada de esclarecer puntos tan graves como el supuesto ocultamiento sistemático del estado de salud del maestro Joe Arroyo, la suscripción de contratos y la realización de giras y conciertos cuando el cantante, al parecer, se encontraba gravemente enfermo; con el fin de determinar la comisión de los hechos delictivos que se le imputan a los implicados.

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