María Elena Vélez, directora del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Corvivienda, le salió al paso a las críticas que en la sesión del miércoles en el Concejo Distrital, varios cabildantes expusieron sobre la entidad que ella dirige.
Los señalamientos fueron esbozados por los concejales Antonio Salím Guerra, William López y César Pión, quienes coincidieron en afirmar que la Administración Distrital debería liquidar Corvivienda, al considerar que esta solo generaba gastos de funcionamiento, cuenta con una escasa inversión y múltiples pasivos a raíz de procesos jurídicos. Incluso, propusieron que el Distrito presente un proyecto de acuerdo al Concejo para la liquidación de la entidad. (Lea aquí: Concejales afirman que el Distrito debe liquidar Corvivenda)
“Pienso que ante cualquier tipo de aseveración que sugiera un cierre de la entidad porque no está funcionando, se tendría que entrar a revisar las cifras y a corroborar todo lo que se ha logrado en la gestión, para que en realidad se pueda hablar con bases ciertas y no con hechos o escándalos que de una u otra forma se han suscitado por el desconocimiento de todo lo que jurídica, financiera y técnicamente se ha hecho para sanear a Corvivienda y beneficiar a casi 6 mil familias durante los últimos 10 meses”, dijo a El Universal Vélez, quien rechazó enfáticamente las declaraciones de los concejales.
Lo que se dijo en el Concejo
El tema sobre Corvivienda fue tocado en el Concejo, luego que ese día, en un noticiero radial, un abogado que le ganó una millonaria demanda a la entidad denunciara supuestas presiones por el trámite de ese pago. Según dijo el concejal Guerra, se presume que estas vendrían desde Corvivienda.
“Esta declaraciones son bastante preocupantes, que rallan no solo en el tema disciplinario sino también en el tema penal, sí es así como lo señala el abogado”, expresó el cabildante, agregando que solicitaría el audio de la denuncia a la emisora para enviarlo a la Fiscalía y la Contraloría como soporte en eventuales investigaciones.
Al respecto, María Elena Vélez dijo no tener conocimiento de esas supuestas presiones que mencionó el abogado en su declaración al noticiero radial, ya que en su entidad nadie expuesto alguna queja formal sobre ese proceso y su resolución, que se dio entre septiembre y noviembre del año pasado. Este se refiere a la posesión que el liquidado Inurbe tomó de los bienes de Alberto Rodríguez Mendoza, padre del demandante, por presuntos malos manejos en la construcción de viviendas en el barrio El Carmelo.
“Entidad saneada”
“Este proceso viene de hace muchos años y cuando llegué a Corvivienda, en mayo de 2014, precisamente me encontré con que la entidad ya estaba vinculada al proceso con un mandamiento de pago en firme por la denuncia, obligada a pagar una suma superior a los $12 mil millones. Aunque ordenaron un embargo a las fuentes de la entidad, con un intenso proceso de negociación, se llegó a una conciliación con los demandantes en la que se estableció que en tres meses pagaríamos la deuda y solo la mitad de los intereses, es decir, unos $8 mil millones en total. Lo avaló el juez que llevaba el proceso y se hizo en tres meses porque el plazo de 18 meses que se había dado, ya estaba vencido hace mucho”, manifestó la gerente de Corvivienda con documentos y constancias en mano, defendiendo su gestión.
Vélez insistió en que la Contraloría siempre estuvo supervisando este proceso, a través de una función de advertencia en 2012, a la que se le hizo seguimiento hasta 2014.
“El pago de esta demanda no afectó los recursos con los que cuenta la entidad. Hoy Corvivienda es una entidad saneada, que tiene procesos judiciales, situaciones que resolver, pero para eso estamos”, dijo María Elena Vélez.
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