Son 2035 las personas que están recluidas con el beneficio de casa por cárcel en Cartagena, 1212 correspondientes a detención domiciliaria (otorgada a sindicados), 392 con prisión domiciliaria (para condenados) y 431 con vigilancia electrónica (tanto para sindicados y condenados).
Así lo reporta Julio Eduardo Riondo Lineros, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Cartagena, Inpec, quien le contó a El Universal que debido al hacinamiento en la Cárcel de Ternera, son muchos los reclusos que deben ser enviados a sus casas.
Así funciona
“Los beneficios de detención o prisión domiciliaria los conceden los jueces, ya sea en la audiencia de control de garantías o durante el proceso. La función del Inpec es garantizarle al juez que se está cumpliendo con la medida y para eso hay que hacer visitas periódicas, más no velar por la custodia y la seguridad de los domiciliarios.
“En la verificación se programan visitas. En Cartagena hay tres dragoneantes (guardianes) encargados de vigilar las domiciliarias. Lo complicado de todo es que ante el elevado número de beneficiados con la medida y el poco personal que inspecciona, a cada recluso se le está visitando solo una vez al mes”, explica Riondo Lineros.
¿Y los capos?
Aunque la modificación de la Ley 1706 del 2014 del Código Penitenciario aumentó el espacio para otorgar prisión domiciliaria a todos los internos que hayan cumplido la mitad de su pena, con exclusión de delitos de lesa humanidad y narcotráfico, algunos capos gozan de estos beneficios.
Uno de los casos más polémicos fue el del narcotraficante del ‘clan del Golfo’, John Jairo Jiménez Atencio, alias ‘Pichi’, quien hace una semana fue el objeto de un enfrentamiento a bala entre policías y delincuentes que se hicieron pasar por guardias del Inpec. Esto ocurrió dentro y en las afueras del edificio Galeón Azul, que está junto a la avenida San Martín, en Bocagrande.
“Determinar si es capo o no le toca a los jueces. Ellos deciden si los sindicados o condenados pueden o no estar en el domicilio. A nosotros solo nos pasan un oficio y nos notifican en qué lugar el Inpec debe hacer las visitas de verificación y en el caso de observar que el domiciliario no está en dicho lugar procedemos a preguntarle a los vecinos si lo han visto y posteriormente se le anuncia al juez de la novedad para que revoque el beneficio”, puntualiza el director del Inpec.
Con la Policía
Diferente al reporte dado por el Inpec, el alcalde Manolo Duque aseguró en rueda de prensa, realizada el lunes pasado con motivo de nuevas medidas de seguridad, que “hay 800 reclusos con casa por cárcel en Cartagena y que la Policía no sabe dónde están”, pero Riondo Lineros explica que la Metropolitana de Cartagena sí tiene conocimiento de la ubicación de los domiciliarios, ya que debido a los pocos dragoneantes que realizan la verificación, la Policía apoya estos procedimientos.
Duque Vásquez también agregó que son 20 miembros de bandas criminales los beneficiados de casa por cárcel.
“No hay agilidad”
En el caso de algunos sindicados, a quienes les conceden detención domiciliaria, en su mayoría son enviados a sus casas debido al hacinamiento en la Cárcel de Ternera.
“Hay hacinamiento en el centro penitenciario, pero también es una realidad que los jueces no tienen agilidad en fallar. Ya han optado por ceder detención domiciliaria por la cantidad de reclusos que hay en la Cárcel.
“La responsabilidad de los entes distritales y departamentales son las personas sindicadas, mientras que para el Gobierno Nacional (por medio del Inpec) son las condenadas.
“La solución a esta aglomeración en la Cárcel de Ternera debería ser la creación de una Cárcel Distrital o Departamental para los sindicados.
“En dialogo con la Alcaldía se logró firmar el año pasado un acuerdo de mil millones de pesos y se ejecutó la mitad. Se construyó una sala de audiencias presenciales y dos virtuales, se dotó de radio comunicación a los guardias y hubo suministro para los internos.
“Con la actual administración se iniciará la ejecución de un nuevo convenio y hemos solicitado otro vehículo para las requisiciones judiciales, arreglos de los patios tres y cuatro (donde están concentrados los sindicados) y pagar sobresueldo al personal del Inpec”, concluye Julio Riondo Lineros.
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