Después de 7 años continúa la investigación por el caso de los mercados dañados que debían ser entregados por la Gobernación de Bolívar a los damnificados por las lluvias en el departamento en el 2007.
Esta vez la Contraloría Departamental de Bolívar imputó cargos contra el exmandatario de Bolívar Joaco Berrío Villarreal por daños al patrimonio y recursos de la Gobernación por 1072 millones 198 mil 390 pesos.
La imputación es una decisión previa al fallo que determinará si Berrío Villarreal es culpable o no por los cargos que le señalan.
En este proceso, en el que también eran investigadas la supervisora de los contratos y encargada de la entrega de los mercados, Betty Mercado Barrios, y la jefe del almacén de la Secretaría de Salud de Bolívar donde estaban guardados, Lunela Palis Viana, fueron exoneradas de cualquier cargo según documento de la Contraloría, pues “la irregularidad en las fechas de constancia de ingreso y las certificaciones de recibido a satisfacción se deben a un problema del sistema de ingreso de información SIRI de la Secretaría de Salud Departamental, y Barrios junto con Palis sí certificaron la mercancía recibida y se cumplió con los contratos (…) Betty Barrios, responsable de la entrega de los mercados a los damnificados actuó proactivamente en que la mercancía fuera dada a los afectados por las inundaciones”.
El Tribunal Superior de Cartagena también había exogenerado de cargos a estas dos exfuncionarias.
Ahora se deberá esperar el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría y recoger las declaraciones del presunto responsable, el exgobernador Joaco Berrío.
Según el contralor del departamento, Oscar Pardo, aún no ha concluido el proceso de los mercados dañados, pero en caso de que Berrío Villarreal resulte culpable deberá recuperar el dinero para el departamento y se le incluiría en un boletín de responsables fiscales con el objetivo de que no pueda aspirar a cargos de elección ni contratar con el Estado.
Explicó que paralelamente, la Fiscalía y la Procuraduría adelantan procesos, pero es la Procuraduría la encargada de sancionar e inhabilitar, y en algunos casos, dependiendo del delito, podría decidir si puede ser penal.
Espera salir bien librado
Joaco Berrío Villarreal sostuvo que aún falta el fallo de la demanda de casación interpuesta por el procurador penal 83 de Cartagena, Juan Carlos Cabarcas Muñiz, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia, la revocatoria de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cartagena que absuelve a dos exfuncionarias implicadas, Betty Barrios y Lunela Palis, en el caso mencionado.
Según Berrío, este fallo es la base de todo el proceso. Agregó que “siempre he considerado que los mercaditos nunca entraron a las bodegas de la Gobernación y eso está demostrado en la demanda penal y las decisiones de la Procuraduría”.
Dijo que aunque no ha sido notificado aún de la imputación, responderá con su abogado, pero afirma que “así como todos los procesos en estos temas han fallado a favor mío, después de 7 años de hecha la imputación saldré con buen resultado y librado de la nueva investigación”.
Sostuvo que no hay coherencia en las fechas de la mercancía que se introdujo en las bodegas privadas que no eran de la Gobernación y fueron alquiladas en febrero de 2008 y las actas de recibo las cuales aparecen en diciembre de 2007.
Certificaciones falsas
Betty del Carmen Mercado Barrios y Lunela Palis Viana, fueron acusadas de emitir certificaciones falsas que autentificaban la recepción de mercados y medicinas, por parte de la organización contratada durante el estado de urgencia manifiesta, decretado por el entonces gobernador Libardo Simanca Torres, por las lluvias que dejaron un sinnúmero de damnificados en el 2007.
La organización contratada presentó en enero de 2008 una cuenta de cobro por más de 4 mil millones de pesos, cuando ya estaba posesionado como gobernador Joaco Berrío. El exmandatario se negó a pagar por la ausencia de las actas de recibo, que días después presentaron los contratados, las cuales estaban firmadas por Betty Mercado Barrios, interventora de la contratación, y Lunela Palis Viena, jefe de almacén, con fechas incoherentes.
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