Con audios, planos e informes técnicos de topógrafos, ingenieros, entre otros especialistas, la fiscal 40 expuso ayer durante la audiencia de imputación de cargos, el material probatorio con el que demostraría que el curador urbano N° 1, Ronald Llamas; el representante legal y el arquitecto del proyecto Aquarela, Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, respectivamente, permitieron la presunta construcción de viviendas de interés social, vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el caso del proyecto multifamiliar Aquarela.
El organismo acusador expuso que Llamas incurrió en el delito de urbanización ilegal por la omisión de una “revisión concienzuda”, en los planos y cuadros de áreas aportados por los constructores de este proyecto. La fiscal señaló que Aquarela era construido en la Periferia Histórica y que por ende para otorgar licencias de construcción se debía tener el visto bueno de la Comisión Nacional de Monumentos, tal como lo establece la Resolución 043 de 1994, emitida por el Gobierno nacional. Agregó que esta zona de periferia está conformada principalmente por los barrios El Cabrero, Manga, Pie del Cerro y Torices. En este último se construye Aquarela.
Entre los audios aportados hay una conversación entre Ronald Llamas y una mujer identificada como Irma, quien sería funcionaria de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien le compartiría al curador detalles de procesos que le adelanta esta entidad al proyecto Aquarela. La Fiscalía aseguró que este audio deja entrever que Llamas era consciente de que este proyecto de viviendas de interés social estaba en una zona de Periferia Histórica.
Planos y licencias
Según la Fiscalía, hay inconsistencias en los planos presentados para la obtención de certificados y licencias de construcción. Una prueba de esto es que en información aportada a Corvivienda, los constructores señalaron que el lote en el que se levantaría el proyecto era de 5.710 metros cuadrados, mientras que a la Curaduría Urbana N° 1 le puntualizaron que las proporciones eran de 5.542 metros cuadrados. Además, hay supuestas irregularidades, ya que en varias licencias se plantean ciertos números de parqueaderos, pero en los planos se reflejan más de la cuenta.
Aquarela II
En la audiencia de imputación la Fiscalía dio a conocer que los constructores iban a levantar otro proyecto de viviendas de interés social en la misma zona de Periferia Histórica.
Se trata de Aquarela II, un proyecto que sería construido en un lote contiguo a Aquarela I, con 747 apartamentos de 56 metros cuadrados, distribuidos en cuatro torres de 31 pisos.
Aquarela II iba a tener salón social, gimnasio, seis unidades comerciales y hasta helipuerto. Esto último despertó la atención del ente acusador, quien indagó ante la Aeronáutica Civil si había en trámite una solicitud para la aprobación de un helipuerto, pero este ente notificó a la Fiscalía el pasado 20 de mayo, que no tenían registro de esto.
Además, la Fiscalía habló con la Curaduría Urbana N° 2 sobre trámites para el diligenciamiento de licencias de construcción para estas cuatro torres, a lo que el funcionario cabeza de esta entidad dijo que no había dado visto bueno. Por otro lado, al preguntarle a la Curaduría Urbana N° 1 por lo mismo, se conoció que los constructores sí tenían intención de tramitar las licencias, pero que desistieron del proyecto, tal como se constataría en un certificado que aportaron con fecha del 30 de mayo de 2018.
Tras la intervención del ente acusador, el abogado defensor de Llamas Bustos, Enrique Del Río González, interrumpió la audiencia conminando a la fiscal para que se abstuviera de presentar a los procesados como responsables, pues todos están amparados por el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
“Constructores tenían apartamentos”
La Fiscalía mostró una lista de personas, entre constructores, sus familiares, fideicomisarios y arquitectos que tienen apartamentos en Aquarela, lo que para el organismo acusador es una violación a la ley, ya que estas personas no pueden ser beneficiarias como personas jurídicas. En esta lista figura Lucas Tamayo, el arquitecto Claudio Restrepo y varios de sus familiares.
No aceptan cargos
Siendo las 8:37 de la noche y luego de ocho horas de audiencia, el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías le imputó a Ronald Llamas los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción, mientras que a Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. Los imputados no aceptaron los cargos.
La audiencia de medidas de aseguramiento será hoy, desde las 9 de la mañana.
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