Con el registro de 261 personas, de las cuales 100 son militares en servicio activo y retirados de la Armada Nacional, 73 de la Policía Nacional y las 88 restantes del Ejército Nacional, concluyó el pasado viernes la segunda jornada de inscripción de víctimas para miembros de la Fuerza Pública y sus familias, en ocasión al conflicto armado. Lea aquí (Último día de inscripción de víctimas militares)
El proceso se llevó a cabo desde el jueves en el Museo Naval del Caribe, en el Centro Histórico, y contó con la participaron de representantes del Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, Unidad para la Atención y Reparación Integral las Víctimas, y demás organismos encargados de velar por el reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto en el país.
A la jornada, que superó las expectativas de sus coordinadores: Fuerzas Militares y Policía Nacional, teniendo en cuenta que era la última en el Caribe, se acercaron personas procedentes de municipios como Turbo (Antioquia) y Corozal (Sucre), quienes se consideran víctimas del conflicto armado interno.
La capitán de fragata Luz Stella Zambrano Galeano, jefa de la Oficina de Derechos Humanos del Comando de la Fuerza Naval del Caribe, precisó que la mayoría de las víctimas “son lesionados y fallecidos por mina y por atentados con cilindros bomba”.
Las personas inscritas continuarán su proceso de evaluación como posibles víctimas en la Unidad de Atención de Víctimas ubicada en la ciudad de Bogotá, en donde en los próximos meses se definirá si son reconocidas efectivamente como víctimas y de esta forma podrán acceder a los beneficios que otorga la ley 1448 de 2011.
LOS BENEFICIOS
Zambrano explicó que la ley 1448 de 2011 “establece que las víctimas tienen unas prerrogativas y unos beneficios de carácter judicial, por ejemplo, que sus procesos se adelanten con la celeridad que se requiere, y una asistencia judicial para aquellas personas que no cuentan con un abogado”.
Señaló que “también tienen unos reconocimientos a nivel de asistencia en salud. Ellos tienen derecho a que se les atienda de manera prioritaria, reencontrarse con sus familias en caso de que hayan sido separados por el conflicto, tomar posesión de sus tierras, y a que las indemnizaciones y prestaciones se tramiten de una forma mucho mas ágil”.
La Jefa de la Oficina de Derechos Humanos del Comando de la Fuerza Naval del Caribe precisó que “las demandas contenciosas toman un tiempo, tienen un costo, y necesariamente en esas actuaciones usted debe contar con un abogado. No obstante, en este caso es el Estado el que quiere reconocer a la víctimas sus derechos y hacerlos efectivos”.
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